Envían a juicio a constructora por fallas en edificio

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conoció ayer la demanda en daños y perjuicios interpuesta por siete familias en contra de la constructora Subo SRL.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conoció ayer la demanda en daños y perjuicios interpuesta por siete familias en contra de la constructora Subo SRL.

Los afectados alegaron que los apartamentos, que les vendió la empresa en un proyecto habitacional ubicado en el municipio de San Luis, presentan graves vicios de construcción.

La demanda fue presentada por los usuarios Celestina del Villar, Emilio Torres, Orbinelis Montero Vicente, Mayra Romero Rodríguez, Florencio Arturo Beltrán, Bienvenida del Rosario y Virginia Caminero del Rosario, quienes solicitaron al tribunal condenar a la Constructora Subo, S.R.L, al pago de ocho millones de pesos, para cada familia.

Debido a que las partes alegaron el desconocimiento de algunos documentos, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo 26 de octubre a los fines de dar oportunidad para que se comuniquen.

En la instancia de demanda, refrendada por los representantes legales de las familias, Luis Méndez Novas y Víctor Rafael Guillermo, solicitan al tribunal que, de forma separada, condene a la empresa al pago de tres millones de pesos, por concepto de los gastos en materiales y mano de obra que conlleva la reparación y puesta en valor del apartamento.

También, pidieron al juez condenar a la constructora al pago de una indemnización ascendente a cinco millones de pesos, por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales experimentados por los afectados.

Recientemente, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), emitió una resolución a través de la cual ordenó a las familias afectadas deshabitar los apartamentos ocupados desde el año 2014, en un plazo de 45 días, tras evidenciar que la infraestructura pone en peligro la salud y la integridad de sus habitantes.

Proconsumidor remitió el caso al Ministerio de Obras Públicas y al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, para que verifiquen las condiciones técnicas de los apartamentos.

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