Uno de los objetivos que perseguía la reforma tributaria del 2012 era potenciar la participación de los impuestos directos y progresivos en nuestro sistema tributario.
En adición a las reformas tendentes a aumentar la base del impuesto sobre la renta, se realizaron modificaciones en el Impuesto a la Vivienda Suntuaria (IVSS) así como la sustitución del impuesto específico a las placas por un impuesto sobre la circulación de vehículos de motor (ICV) del 1% sobre su valor.
Antes de la aprobación del ICV, ningún vehículo de motor, independientemente de su valor, pagaba más de RD$2,200 al año de placa.
Mientras las viviendas pagan en función de valor, los vehículos estaban sujeto a un impuesto específico regresivo, pues una persona que comprase un Ferrari o Bentley del 2013 por RD$16,000,000.00, pagaría el mismo impuesto de placa, RD$2,200 al año, que el propietario de un Hyundai del mismo año.
Con la reforma tributaria del 2012, al sustituirse el esquema de impuesto específico por ad-valorem, el Gobierno dominicano estaba contribuyendo a elevar el bajo nivel de progresividad de nuestro sistema tributario.
La DGII publicaría todos los años la tabla donde se listarían los valores para fines del pago del ICV, reduciendo el valor de cada año por la depreciación acumulada.
Con esta reforma, el Gobierno esperaba recaudar unos RD$1,800 millones adicionales, recursos que permitirían a la nueva administración elevar las recaudaciones para cumplir con la ambiciosa meta de reducir el déficit fiscal de 6.6% a 2.8% del PIB, mientras aumentaba la inversión en educación de 2.4% a 4.0% del PIB.
Quizás motivado por las posibles protestas de los “afectados” por la reforma progresista aprobada, el Gobierno pospuso la entrada en vigencia del ICV para el 2014.
La posposición ha permitido que los 748,830 vehículos de motor sigan pagando impuestos a las placas de RD$1,200 ó RD$2,200.
La posposición de la reforma ha significado un sacrificio fiscal para el Gobierno, erosionando la base recaudatoria que la DGII había asumido para fijar sus metas de recaudación y elevando el nivel de tensión en las finanzas públicas.
Alguien podría pensar que el ICV introducido en la reforma tributaria del 2012 fue algo descabellado. De ser así, calvos serían los sistemas tributarios de Costa Rica, Guatemala y Chile.
Esos países tienen ICVs similares al que se aprobó en RD en el 2012.
En Costa Rica, las tasas van aumentando desde 0.5% hasta 1.0% para vehículos cuyo valor sea superior a US$1,192.84. En la práctica todos los vehículos de motor pagan el 1% del valor.
En Guatemala, todos los vehículos con menos de dos años de antigüedad, pagan el 1% del valor del vehículo. En Chile, el sistema es bien progresivo. Comienza con 1% para los vehículos con valor hasta US$5,029.80 y llega a 4.5% para los vehículos con valor superior a US$33,532.01.
Tomemos como ejemplo el ICV que paga en esos tres países un vehículo Mercedes Benz E300 Elegance del 2012, con un valor fiscal de US$51,000.
En el caso de Chile, paga RD$97,996.50; en Costa Rica RD$21,873.00; y en Guatemala RD$21,777.00. Ese mismo vehículo, en nuestro país, con un ingreso per-cápita 75% más alto que el de Guatemala, paga RD$2,200.00, la décima parte de lo que paga en Guatemala.
Quizás esto ayudaría a comprender el porqué al Gobierno se le hace tan difícil atender los justos reclamos por mejoras salariales de nuestras enfermeras, médicos, jueces y policías. No hay dinero porque aquí preferimos que el dueño de un Lamborghini, un Ferrari, un Aston Martin, un Lotus, un Bentley o un Rolls Royce con precios que van desde US$200,000 a US$350,000, solo tenga que pagar al año un impuesto anual de placa de US$51, pues de esa manera el Gobierno contribuye para que ese ciudadano disponga de dinero suficiente para pagar US$500 por un vino “premier crus” o un champagne Cristal rose en uno de los excelentes restaurantes de la Santo Domingo cosmopolita, independientemente de que a las enfermeras y a los policías del país “se los esté llevando el mismo Diablo” con los bajos salarios que perciben o de que una gran cantidad de jueces calificados esté renunciando porque no pueden vivir dignamente con el salario que reciben.
Con todo el respeto y consideración que me merecen las autoridades del Gobierno, tomando prestada la frase del Presidente Medina, ¡eso es sencillamente inaceptable!
La realidad es como sigue.
Dado que la DGII ajustaría el valor de los vehículos a la baja por la depreciación acumulada, de los 16,931 vehículos Mercedes Benz, Jaguar, Lexus, Range Rover, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Aston Martin, Bentley y Rolls Royce que circulan por nuestras calles, sólo 104, así como acaban de leer, sólo 104, pagarían anualmente un impuesto de circulación de vehículos de RD$40,000 o más.
En otras palabras, pagarían una vez al año lo que un buen número de los propietarios de esos vehículos gasta semanalmente en los restaurantes de la capital o cada vez que su esposa compra por internet, sin pagar arancel e Itbis, un par de zapatos Louboutin.
Si comenzamos a bajar en la escala descubrimos que apenas 522 personas y/o empresas (19% de los vehículos de motor del país pertenecen a empresas), terminarían pagando un ICV anual que oscilaría entre RD$30,000 y RD$40,000 anuales; sólo 2,106 pagarían entre RD$20,000 y RD$30,000; 3,215 entre RD$15,000 y RD$20,000; 15,261 entre RD$10,000 y RD$15,000; 69,243 paentre RD$5,000 y RD$10,000; y 211,678 entre RD$2,200 y RD$5,000. El 60% de los propietarios de vehículos seguirían pagando lo mismo que pagan hoy. En otras palabras, 242,621 propietarios de vehículos, equivalente al 2% de la población (teniendo en cuenta que hay personas propietarias de varios vehículos), serían los “afectados” por la reforma aprobada en el 2012. El resto del aumento del impuesto recaería sobre 59,500 empresas propietarias de vehículos de motor. La misma disposición que se tuvo para invitar a la empresa PVDC a negociar una mayor participación del Estado dominicano en los beneficios de la explotación del oro, debe tenerse ahora para exigir a los que más riquezas e ingresos tienen y perciben, que contribuyan con el desarrollo integral y la estabilidad política de la nación de la misma manera que lo hacen los que más tienen y pueden en el resto del mundo. l
