El pasado jueves los directores de los principales diarios del país solicitaron al Tribunal Constitucional que emita su fallo en torno a la Acción Directa de Inconstitucionalidad incoada contra la ley 6132. Los ejecutivos de El Nuevo Diario, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Hoy, El Día y elCaribe recordaron mediante una comunicación al presidente de esa corte, Milton Ray Guevara, que esa acción fue conocida en audiencia del 21 de junio del 2013, cuando quedó en estado de fallo, sin que se conozca decisión.
El jueves, la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente del tribunal, en funciones de presidenta, emitió una declaración aparentemente en respuesta a la petición de los directores de diario, pero sin referirse directamente al tema. Optó por defender la labor realizada por el Tribunal Constitucional. Dijo que la misma “ha sido esforzada, ardorosa y de mucha dedicación, y además de profundo sentido de responsabilidad de cada uno de los magistrados”.
La realidad es, sin embargo, que nadie ha cuestionado tan “ardorosa y dedicada labor”. Cuanto han pedido los directores de diarios, con todo su derecho, es que los distinguidos y honorables miembros de tan alta corte se pronuncien sobre un caso muy específico que atañe a sus funciones. Un caso que, como es de su conocimiento, ya tiene más de un año que fue conocido y es de justicia que haya resultados.
Sabemos que los magistrados tienen sus protocolos y procedimientos y que las decisiones deben tomarse de acuerdo con la Constitución que juraron defender. Igual deben reconocer que es un derecho ciudadano reclamar justicia oportuna, en los plazos razonables, también previstos en la ley.
De todas formas, confiamos en los distinguidos magistrados y esperamos que la sociedad conozca su fallo.
En lo que todos concordamos es en que no debe seguir vigente una ley anacrónica como la 6132, específicamente los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47 y 48, así como los artículos 368, 369, 370 y 372 del Código Penal Dominicano, contrarios a la Constitución de la República y a la Convención Americana de los Derechos Humanos.
