Con un amplio consenso sobre su pertinencia y un gran respaldo en su proceso de elaboración, la República Dominicana oficialmente ya dispone de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030).
Se entiende que a partir de la planificación y ejecución sistemáticas de las acciones del Estado, el país podrá alcanzar niveles de desarrollo que impacten positivamente la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, sobre todo de los millones que viven en condiciones de extrema precariedad.
La END 2030 conjuga corto, mediano y largo plazos, lo que significa que en su recorrido para cada gobierno se esperan resultados concretos de progreso. Y más aun, si se asume el avanzado modelo de planificación mediante el cual se combina planificación y ejecución con el apoyo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC).
De los 20 años que proyecta la END 2030 ya han transcurrido al menos dos años y si se toma en cuenta la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión, el retraso puede estimarse en seis años; pero se puede entender también que los ajustes del proceso han condicionado la fecha de inicio al 26 de enero de 2012, cuando se promulga la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La gerencia del Estado ha de ser un esfuerzo deliberado de reducir la incertidumbre; pero sobre todo para resolver problemas acuciantes que en la República Dominicana han alcanzado altos niveles de deterioro y/o retrasos-entre otros-en calidad de la educación, salud, seguridad ciudadana, energía eléctrica y corrupción administrativa, situándose en los últimos lugares en el mundo de acuerdo a reputados organismos internacionales.
Ante la situación descrita procede entender que el Gobierno no es sólo el presidente de la República y sus funcionarios, sino la asunción de responsabilidades y las ejecutorias de seis poderes del Estado; por lo que la END-2030 ha de ser asumida además por el Poder Judicial, el Legislativo, el Poder Electoral; lo mismo que por el Poder Municipal que habiendo sido concebido por el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, es aún muy débil y con graves problemas de gerencia; así como un poder que denominaríamos Poder de Control Estatal -requerido de verdadera independencia y llamado a jugar un rol crucial- expresado en instituciones como la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Procuraduría y el Banco Central en materia de políticas económicas.
Conjuntamente con los llamados Pactos que abordan lo educativo, fiscal y eléctrico, es imprescindible que todas las instituciones del Estado incorporen la END-2030 para abonar así el camino hacia la ineludible revolución de la honestidad y la eficiencia.
