Parece mentira que no hayamos podido desligarnos de la Liga Municipal, una institución creada durante la dictadura de Trujillo y que no tiene actualmente otra razón de ser que no sea la de servir de instrumento de amarres políticos.
Nuestro liderazgo político en vez de haber eliminado esta institución originalmente creada como un organismo rector a raíz de la aprobación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, prefirió mantenerla viva bajo la excusa de ser un organismo asesor de los ayuntamientos.
Las lamentables escenas de forcejeo político que se han dado en los últimos años, desde intentos de tomar la Liga a la fuerza hasta los más inusitados amarres políticos, no se dan porque quieran servir a los municipios brindándole su “asesoría”; sino porque la Liga continúa manejando un importante presupuesto que en el presente año será de 774 millones de pesos según lo aprobado por la Asamblea General de Municipios, sin que se sepa con certeza qué se hace con este dinero y a pesar de que ya no le corresponde percibir el 5% de los ingresos municipales.
El partido oficial, que controla todos los organismos del Estado, ha entendido conveniente mantener el control de la Liga por el PRSC, como una forma de retribuirle a parte de su liderazgo el apoyo que le brinda. Por eso hoy en día el conflicto en relación con la elección del secretario general de la misma no es si será electa una persona del PLD, que controla la mayoría de los ayuntamientos, o del PRD, sino cuál parcela del PRSC se quedará con el botín.
Constituye una vergüenza que la mayoría congresual de la que han gozado los dos partidos mayoritarios no haya sido utilizada para eliminar esta inoperante entidad, que está siendo utilizada como ración del boa para lograr amarres que benefician a las autoridades de turno; mientras los ayuntamientos incumplen con sus funciones.
Por otro lado, en el reciente discurso pronunciado por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del día del Poder Judicial, se nos informó de la existencia de 10,878 expedientes sin fallar, de los cuales 9,533 expedientes se acumularon en la Primera Sala encargada de lo Civil y Comercial, lo que evidencia la existencia de una inusitada mora judicial en dicha Sala.
Sin embargo, toda la nación fue testigo del forcejeo político que hubo para intentar desconocer las condiciones de edad impuestas por la Constitución elaborada y aprobada por la presente administración en cuanto a la edad de los integrantes de la SCJ, con el propósito de beneficiar al magistrado que presidía esa morosa Sala; mientras otros de reconocida laboriosidad, fueron separados de sus cargos por simples intereses políticos.
Por eso tenemos que repudiar estos amarres que han servido de patente de corso a políticos que han pensado más en beneficiarse personalmente que en satisfacer los mejores intereses del país y desligarnos finalmente de ellos.
