De entrada, hay una actitud generalizada de oposición a los impuestos. Es una realidad que a nadie le gusta pagar impuestos. Y pocos están dispuestos a cumplir con lo que bien concebido es una obligación ciudadana.Desde la etimología de la palabra, que significa imposición, el tema empieza como una obligación forzada, sin la opción de la lenteja.
Por lo regular hay expresiones de oposición que se fundamentan en el destino de los impuestos que se pagan. Cuestionan el uso que se les da a los recursos que el fisco recauda por la aplicación de cargas impositivas. Quizá en algunos casos sea una valedera justificación. Por eso se acepta que haya rechazo a que se creen impuestos. Pero una vez creados, son de cumplimiento general. Ya nada tiene que ver el grado de “conciencia” que tenga el contribuyente. Está obligado a cumplir con el pago de las cargas fiscales creadas para financiar la Administración, sea para garantizar los servicios o para impulsar la inversión.
Por eso resulta preocupante, y hasta alarmante para la época, la afirmación del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acerca del alto nivel de evasión que existe en el país, principalmente en el ITBIS, el impuesto de mayor importancia recaudatoria del sistema impositivo dominicano. Según dijo, en base a información de técnicos en la materia, la evasión llega hasta el 40%, en el caso del ITBIS.
La evasión fiscal es dañina en todos los impuestos, porque además del efecto fiscal, también distorsiona la competencia entre quienes pagan y no pagan.
Pero cuando se trata del ITBIS es doblemente censurable, porque se enmarca en el ambiente de la defraudación, del doble robo, porque se trata de un impuesto que el consumidor paga a quien le vendió el bien o servicio gravado, cuyo papel es de simple agente de retención.
Quedarse con esos valores -el 18% del valor del bien o servicio vendido- es sencillamente un robo al fisco y al consumidor.
Eso es alarmante. Si bien deben crearse los instrumentos para evitar la evasión, es tiempo de que el régimen de sanción a esta clase de ilícito sea endurecido, como ocurre en otras naciones.
