La reducción de exenciones fiscales es un tema recurrente en las discusiones entre la República Dominicana y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los últimos cinco años.
Desde finales del acuerdo 2005-2008 y durante toda la vigencia del pacto 2009-2012, las comunicaciones hacia y desde el FMI han hecho referencia al tema.
Varias iniciativas, administrativas y legislativas, se han hecho para reducir el monto de las facilidades de impuestos que el fisco concede, cuyo impacto económico para el año en curso ha sido calculado por el Ministerio de Hacienda en unos RD$147,188.7 millones, monto que equivale a un 5.9% del producto interno bruto (PIB).
Ese estimado superaría en 0.9 puntos porcentuales al del año 2012, pese a que la reciente reforma tributaria, al eliminar algunos incentivos, redujo en 0.3 puntos porcentuales el peso de las exenciones.
Los ojos del FMI y de las autoridades económicas dominicanas, especialmente las del área fiscal, han estado encima del régimen de exenciones fiscales del país desde que el Gobierno prometió adoptar medidas para racionalizar y eficientizar esas concesiones, en la última carta de intención del acuerdo 2005-2008, remitida al organismo multilateral el 3 de enero del2008.
De ahí en adelante, todas las posteriores cartas y los respectivos informes de misiones del FMI han tocado el tema aunque sea enunciativamente.
El Ministerio de Hacienda, organismo desde el cual se traza la política fiscal del Gobierno, prepara cada año un informe sobre el llamado “gasto tributario”, que es como denomina a los ingresos que deja de percibir el fisco por facilidades que concede a los contribuyentes.
La estructura del gasto tributario está dada por unas 29 leyes que crean regímenes especiales, otras cinco que tienen exenciones, más contratos de concesiones mineras, el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado dominicano y el contrato firmado por el Estado dominicano el 19 de enero del 1964 con el Servicio Social de Iglesias.
Esa amplia plataforma al parecer ha despertado el interés de las autoridades fiscales y de los técnicos del FMI, quienes ven en la misma una vía para incrementar las recaudaciones fiscales.
En un informe dado a conocer el viernes último, el FMI sugirió al Gobierno aplicar nuevos ajustes fiscales, con el propósito de reducir la elevada deuda pública y garantizar la sostenibilidad económica del país. Entre los ajustes incluye “acabar con algunas exenciones fiscales”.
La posición del FMI se produce a sólo cuatro meses del Gobierno haber hecho una reforma tributaria que le produciría cerca del 2% del PIB, que incluyó un aumento de la tasa del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 16 a 18% y alcanzó con una tasa reducida de 8% una serie de productos de la canasta básica que estaban exentos.
Del monto global de gasto tributario estimado cada año, aproximadamente el 65% corresponde a los bienes y servicios que no son alcanzados por el ITBIS.
La reforma fiscal creada por la Ley 253-12 también establece una tasa reducida de 6.5% de impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre el combustible de aviación, y aumentó el impuesto a las zonas francas por sus ventas locales.
Al parecer, las eliminaciones de exenciones que ha hecho al Gobierno, que incluso creó una unidad especial en el Ministerio de Hacienda, no satisfacen las aspiraciones del FMI, que en su más reciente informe sobre la economía dominicana, insistió en la necesidad de que se hagan nuevos ajustes fiscales, vía el aumento de los ingresos que proporcionarían una eliminación adicional de exenciones impositivas.
El paquete impositivo aprobado en noviembre pasado representa, según cita el FMI en su informe, ingresos en el 2013 por unos RD$55,000 millones, pero el déficit fiscal dejado por el anterior gobierno se elevó a unos US$4,600 millones, igual al 8.5% del PIB.
La insistencia del FMI no es nueva, sino una especie de reclamo para que el Gobierno termine lo que viene prometiendo desde el 2008, la eliminación gradual de las exenciones.
El punto siete de la carta de intención enviada al FMI el 8 de enero del 2008 por el gobierno de entonces planteaba, en lo referente a la presión tributaria, que la prioridad en lo adelante sería “aumentar la base imponible por medio de la eliminación de gran número de las exenciones existentes. Sin embargo, creemos que tal eliminación sólo puede realizarse de manera gradual”.
En la carta remitida al organismo el 6 de octubre del 2009, las autoridades económicas de entonces planteaban que un elemento central de la política fiscal sería la “racionalización y eficientización” de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, para mejorar los procesos de recaudo, transparentar el cálculo del precio de paridad, racionalizar las exenciones y traspasar la administración del impuesto” a los combustibles a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El término racionalización de las exenciones volvió a aparecer en la carta de intención remitida al FMI el 6 de julio del 2011, la cual procuraba posibilitar la aprobación de las revisiones quinta y sexta del acuerdo del 2009.
El Ministerio de Hacienda, al hacer la proyección del gasto tributario en el 2013, estima que alcanzará el equivalente al 3.40% del PIB , unos RD$84,760.9 millones en cifras absolutas. De este total, calcula que RD$76,669.9 millones corresponden a exenciones generales y RD$7,999.6 millones a exoneraciones específicas contenidas en leyes especiales, entendidas estas como las otorgadas a regímenes de incentivos.
Plantea que el gasto tributario generado a través de impuestos selectivos equivale a 0.22% del PIB (RD$5,586.5 millones).
En cuanto al gasto tributario estimado por la diferenciación del impuesto selectivo específico cobrado a las bebidas alcohólicas por litro de alcohol absoluto, se considera la disminución en la brecha del impuesto aplicado a las bebidas fermentadas y destiladas (gravadas con menor impuesto), según el calendario para su unificación aprobado en la Ley No. 253-12, explica el Ministerio de Hacienda, que destaca que esta misma normativa elimina la exención del ISC al servicio de televisión por cable (telecable).
Además, se incluyen algunas exenciones del impuesto sobre transacciones financieras de débito (impuesto a los cheques), aunque su efecto es pequeño en términos recaudatorios, estima Hacienda.
Mientras que las devoluciones por las exportaciones realizadas por empresas de acogidas a la ley de Proindustria ascienden a RD$267.4 millones. l
Leyes que impositivas con exenciones
El esquema impositivo que prevé exenciones impositivas estructurales está formado por cinco leyes, comenzando por la que crea el Código Tributario. Esas leyes son: Ley No. 11-92 y sus modificaciones, que instituyen el Código Tributario; Ley 18-88 y sus modificaciones, sobre Impuesto a Propiedad Inmobiliaria.
Ley No. 14-93 y sus modificaciones, que establece el Arancel Dominicano.
Ley No. 112-00 sobre Hidrocarburos.
Ley No. 557-05 de Reforma Tributaria. Específicamente el Artículo 23 que establece el ISC Ad Valorem sobre Hidrocarburos.
Leyes que conceden exenciones por áreas
Otro grupo más amplio, es el marco legal que crea las zonas especiales y que incluye, entre otras las siguientes:
Ley No. 55-88 de Fomento al Desarrollo Forestal.
Ley No. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas.
Ley No. 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
Ley No. 158-01, y sus modificaciones, de Incentivo Turístico.
Ley No. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
Ley No. 56-07 sobre Cadena Textil y Calzados.
Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía.
Ley No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial.
Ley No. 171-07 sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera.
Ley No. 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en la República Dominicana.
