Santiago.-Dos expertos en temas migratorios advirtieron que la falta de documentación originaria del migrante no anula ni desconoce su derecho y el proceso de regularización que pretende materializar la Dirección General de Migración.
Durante un foro sobre situación Migratoria, desarrollada en Solidaridad Fronteriza, Luis Vargas, rechazó por improcedente la demanda del Consejo Nacional de las Migraciones porque con ello se violan los preceptos constitucionales del Instituto Nacional de la Migraciones.
Explico que en el caso de los recién nacidos no deben estar sometidos a la indocumentación de los padres, por lo que plantea tomar de modelo la nueva ley de migración de los Estado Unidos.
La actividad contó con la presencia de autoridades y organizaciones de la Sociedad Civil de Dajabón y Juana Mendez.
Vargas, quien dirige el departamento de investigación del INTEC en Santo Domingo, ve es necesario sacar la discusión de ámbito meramente de los abogados, pues, muchos de éstos, no tienen especialidades en finanzas, economía, sociología, las cuales intervienen en todo el proceso del trabajador migrante haitiano.
Llamó la atención de la inconstitucionalidad del borrador de reglamento migratorio, en su sección de requisito para su regularización al demandarle sea bachiller a una población como la haitiana residente en nuestro país, casi totalmente analfabeta.
Dijo que entre un 60% de la población en Haití, es analfabeta y la comparó con la Republica Dominicana donde según mencionó hay entre un 15 a 20% en esas mismas condiciones de ignorancia educativas.
Destacó el desorden jurídico de todo el Estado Dominicano donde algunos organismos se abrogan derechos de las funciones migratorias sustituyéndolos en la aplicación de las leyes.
En tanto, que Smith Augustin, quien habló sobre el proceso de documentación de las familias haitianas en Haití, manifestó que solo un 10% de los infantes están registrados en las oficialías de ese país.
Señaló que esta situación se da por la falta de voluntad política en sus Gobernantes, ya que estas oficinas operan solamente con una persona careciendo de todo los inmuebles necesarios para archivar datos personales.
Agregó que la concentración burocrática de todas las decisiones oficiales se toman en Puerto Príncipe, por lo que cualquier diligencia a la mayoría de los ciudadanos de allí sale costoso obligando a mantenerse a miles de personas y sus familias a carecer de medios de identidad particular.
