Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado de la República un proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, que establece contratos con una duración de entre cinco y 40 años, según la naturaleza del proyecto, la inversión requerida y el plazo razonable para recuperar los recursos invertidos.
La propuesta, recibida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca establecer un marco jurídico para regular las concesiones entre el Estado y el sector privado, con el propósito de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de bienes, servicios y obras públicas.
El artículo 32 del proyecto establece que los contratos tendrán una duración mínima de cinco años y máxima de 40, salvo que una disposición legal especial determine lo contrario. Asimismo, fija condiciones para las prórrogas, que deberán responder a causas objetivas, sobrevenidas y debidamente justificadas.
Las extensiones relacionadas con modificaciones contractuales deberán sustentarse en necesidades comprobadas, contar con un informe técnico de la entidad concedente y recibir la aprobación del órgano rector.
De los Santos informó que la iniciativa será incluida en agenda para su conocimiento y posterior envío a una comisión legislativa, antes de ser sometida al pleno del Senado.
“Ustedes saben que nosotros lo que recibimos es la materia prima; esa materia prima la enviamos a comisión, la comisión nos devuelve un producto preterminado y, en el hemiciclo, se aprueba el producto final”, expresó el presidente de la Cámara Alta al explicar el procedimiento legislativo.
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Tarifas sujetas a controles
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la regulación de las tarifas que podrán cobrarse por los servicios concesionados.
El artículo 45 establece que cualquier revisión o ajuste tarifario durante la ejecución del contrato deberá contar con una justificación técnica y financiera, aplicar criterios objetivos y obtener la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones.
Como regla general, la propuesta prohíbe modificar las tarifas antes del inicio de las operaciones y durante los primeros dos años de prestación del servicio, salvo las excepciones previstas en la ley, el contrato o la normativa sectorial aplicable.
Las tarifas deberán quedar definidas en el pliego de condiciones del procedimiento de selección, en el contrato de concesión y en la oferta económica, de conformidad con los límites y criterios establecidos.
Propuestas privadas sin adjudicación automática
El anteproyecto también regula la presentación de iniciativas privadas para desarrollar proyectos de concesión.
Los artículos 26 y 27 contemplan la presentación de estas propuestas y establecen un plazo de hasta seis meses para su evaluación. Sin embargo, aclaran que presentar un proyecto no otorga al promotor privado el derecho a recibir directamente el contrato.
Con esta disposición, la iniciativa procura preservar la competencia en la selección de los concesionarios y evitar que la presentación inicial de una propuesta garantice su adjudicación a quien la promueve.
Nuevo sistema de concesiones
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), así como del Consejo Nacional de Concesiones, encargado de deliberar y adoptar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos.
Asimismo, establece la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios, mediante criterios objetivos de evaluación, publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
La propuesta incorpora medidas para prevenir conflictos de interés, restricciones para personas físicas y jurídicas sujetas a prohibiciones e inhabilidades, y un régimen de infracciones y sanciones ante incumplimientos e irregularidades.
También regula la distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado, la supervisión financiera de los proyectos, las modificaciones contractuales y las condiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Al explicar el alcance de la iniciativa, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que esta busca incorporar las concesiones al régimen nacional de contrataciones públicas, ante la ausencia de una regulación específica para esta modalidad contractual.
Por su parte, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, destacó que la propuesta procura complementar las transformaciones del Estado dominicano mediante un marco legal para las concesiones de bienes, servicios y obras públicas.
Tras su depósito, el proyecto deberá agotar el procedimiento legislativo correspondiente en el Senado y, si es aprobado, pasar a la Cámara de Diputados para continuar su trámite constitucional.
En la recepción de la propuesta también participó Esteivin Acosta, especialista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
