Los polémicos incentivos reservados para la pujante industria cinematográfica dominicana, establecidos en la Ley de Cine, no solo significan un gran impulso para este sector, sino que también representan un gran atractivo para los productores extranjeros que están impedidos de beber de las refrescantes aguas fiscales que emanan de este manantial.
Impulsada por el ex presidente de la República, Leonel Fernández, esta pieza, en poco tiempo, viene motorizando a un ritmo inesperado la cantidad de películas que se filman y se estrenan gracias a las facilidades impositivas que garantiza la ley.
Pero tanto la Dirección General de Cine como la Asociación de Profesionales de este sector, empiezan a detectar anomalías que pueden perjudicar la industria, según denunciaron estas dos entidades en una rueda de prensa celebrada el viernes pasado.
Ellis Pérez, director de DGCine, advirtió a los productores extranjeros que esa institución trabaja en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos y con Hacienda para evitar la creación de empresas de capital extranjero que buscan beneficiarse de la ley.
“Tenemos los mecanismos para descubrir aquellas personas que vienen del extranjero para ampararse bajo la sombrilla de la Ley de Cine que tiene incentivos específicos para este renglón, pero a los cuales solo pueden acceder los dominicanos.
Esta legislación, de reciente creación, es lo único que tienen los directores dominicanos para seguir filmando sus películas y aportar al desarrollo del séptimo arte, y vamos a impedir que esta situación pueda dañar el clima favorable del que gozan nuestros productores”, advirtió Pérez.
El reconocido realizador Alfonso Rodríguez, autor de películas como Yuniol, Feo de día… lindo de noche y Playball, fue más enfático en asegurar que los que han querido aprovecharse de los beneficios de la Ley y violar la misma serán sancionados, aunque no quiso revelar el nombre de los que hasta el momento han querido violarla.
El cineasta se refirió específicamente a la violación del artículo 34, en el que se especifica los beneficios para los productores dominicanos, y que sin embargo, algunos extranjeros han querido ampararse en esto para en vez de funcionar bajo el amparo del artículo 39 de referida ley, hacerlo bajo el 34, que ofrece mucho mayor ventajas al realizador.
“Lo que pasa es que los beneficios para los dominicanos son mucho mayor, y eso se puede ver claro en el artículo 34, y los extranjeros se quieren colar en el 34, para violar algunas cosas, y beneficiarse mucho más. No quiero mencionar nombres, pero sí quiero que nos ayuden a cuidar la ley, que es lo único que tenemos”, concluyó Rodríguez, quien está trabajando en su nuevo filme Mi angelito favorito.
“Sin ley, no hay incentivos. Nosotros a cualquier persona que intente hacer una compañía para traer extranjeros y encubrirlos, estamos listos para detectarlos y sino lo hacemos nosotros, lo detecta la Dirección de Cine”, puntualizó Rodríguez.
Redactores de elCaribe insistieron infructuosamente en que Pérez y de la asociación de directores revelarán los nombres de los productores extranjeros que supuestamente gestionan en el país la conformación de empresas que se dedicarían a este negocio.
Los incentivos al sector
La Ley de Cine, promulgada en julio del 2010 por el entonces presidente Leonel Fernández, cayó como maná del cielo para los productores del país que, si bien es cierto que en muchos casos estrenaban películas que tenían bastante éxito comercial, la mayoría de estas cintas no lograban recaudar el dinero invertido.
En el caso específico del artículo 34 a que hacen referencia la Dirección de Cine y la Asociación de Directores, establece como “estímulo tributario a la inversión en la cinematografía nacional que las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos previamente aprobados por la DGCINE, tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real invertido para efectos de calcular el Impuesto Sobre la Renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión.
En su primer párrafo, la pieza establece que “el monto de esta inversión no puede superar el 25 por ciento del total de impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente” y “en el caso de donaciones recibidas, las mismas deben ser deducibles hasta el cinco por ciento de la renta neta imponible del ejercicio, conforme a lo dispuesto por el Código Tributario dominicano”. Señala que en caso de donaciones al FONPROCINE, se deben expedir Certificados de Donación Cinematográfica por la Dirección General de Cine. l
Facilidades para construir más salas
El brazo gubernamental para ayudar al sector del cine se extiende hasta alcanzar a los emprendedores o empresarios establecidos interesados en construir complejos de exhibición en el país. En su artículo 36, la Ley de Cine declara de especial interés para el Estado el establecimiento de salas de cine en todo el territorio nacional.
Y para las personas naturales o jurídicas que inviertan capitales en la construcción de salas de cine en el Distrito Nacional y el municipio de Santiago de los Caballeros, quedan exoneradas del cincuenta por ciento del Impuesto Sobre la Renta por un período de quince años por concepto de los ingresos generados por las respectivas salas, según establece en su artículo 37 sobre las exoneraciones a la construcción de salas. Es, sin duda, un factor que ha incidido positivamente en el mercado, que ha visto aumentar su número de salas, principalmente, en la ciudad y algunas provincias.
