La Finjus sostuvo ayer que la propuesta de los partidos para que la JCE posponga hasta el 2020 la redistribución de nueve diputados es insostenible porque la decisión se tomó con apego a la Constitución. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le advirtió a los partidos políticos que no tienen potestad para incidir en la decisión que tomó la Junta Central Electoral (JCE).
“Carecen de la potestad para decidir sobre proposiciones en la aplicación de la Constitución y la ley en base a sus agendas políticas. Si esto se produjera representaría un atentado a la institucionalidad democrática del país. Los partidos políticos no pueden sugerir que se desconozcan principios constitucionales de aplicación inmediata, sino que al contrario, sus actuaciones deben ceñirse a los cánones constitucionales”, señala el comunicado firmado por el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños.
Puntualizó que la actitud exhibida por los partidos políticos que pretenden supeditar la agenda de la nación “a su agenda política particular, no solo constituiría una infracción constitucional, sino que sería un elemento distorsionador de la confianza que la ciudadanía debe tener en estas instituciones”.
Castaños Guzmán aconsejó a los partidos que impulsen desde el Congreso la aprobación de la ley de partidos y agrupaciones políticas porque es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Igualmente, llamó a la dirigencia de los partidos a trabajar para que las riquezas del Estado sean redistribuidas de manera más justa y se designe un mayor presupuesto a las provincias para evitar el fenómeno de las migraciones.
FINJUS plantea la necesidad de impulsar políticas públicas de redistribución de los recursos en el territorio nacional para evitar migración laboral que concentre la representación política en el Gran Santo Domingo”, señala el comunicado de la entidad.
La redistribución de nueve diputados mantiene enfrentados a los partidos con la JCE que le han solicitado que posponga la medida hasta el 2020.
