El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, aseguró que la sociedad dominicana tiene la percepción de que en el país hay mucha inseguridad y que desde el Estado no se garantiza ningún tipo de protección.Indicó, a su salida del primer Foro Social de apoyo al anteproyecto de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que se realizó ayer en el hotel Sheraton, que al Estado se le ha hecho muy difícil darle respuesta a fenómenos como la criminalidad, debido a que existen algunos funcionarios que se dedican a promover la ratería.
“Eso es lo que percibe la ciudadanía: que no se siente segura y frente a esa denuncia que se hizo recientemente (de los funcionarios de la AMET involucrados en hechos irregulares), quiera Dios que la Policía, ella per se, como institución se someta a la Justicia y sea la que se querelle en contra de esos tres coroneles, porque eso en cualquier Estado y en cualquier sociedad medianamente organizada es totalmente inaceptable”, dijo.
Entretanto, el exdirector ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, resaltó que los planes de seguridad ciudadana que ha tenido el país han fallado debido a la debilidad de las instituciones llamadas a garantizar la seguridad.
“Hay una percepción de inseguridad que se corresponde con la realidad porque no se puede medir el tema de seguridad ciudadana sólo porque baje la tasa de homicidios, sino que también se deben tomar en cuenta la cantidad de incidentes, atracos y robos que hay en la calle, que son indicadores que no se miden, pero la gente los ve y los percibe”.
Señaló que esta es una realidad que tiene que ser atendida porque el Estado debe garantizar que una sociedad viva en un clima de paz y que la gente se sienta segura de salir a la calle y hacer sus cosas y sus actividades sociales sin temor a que le vaya a pasar algo. Por otra parte, durante el referido foro, realizado en el marco de la Mesa Redonda sobre Justicia y Seguridad del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, se presentó la situación del Sistema Nacional de Compras Públicas, y se determinó que en él existen debilidades como el desconocimiento de la normativa y el paradigma de sistema de abastecimiento, por lo que se propuso la modificación de la ley.
