La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer algunas divergencias con relación al proyecto de ley para regular la abogacía y notaría presentado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).El director ejecutivo de la institución, Servio Tulio Castaños Guzmán, detalló algunos de los puntos centrales que debe tener la nueva norma y sugirió que se establezca un examen de habilitación como control para los licenciados que quieran insertarse al ejercicio de la abogacía. Este proceso, sugiere, debe ser responsabilidad de un organismo interinstitucional de naturaleza estrictamente técnica, denominado Comisión Nacional de Habilitación.
Finjus entiende que en la norma propuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se debe excluir lo referente a la regulación de la notaría, por estar dicha profesión debidamente normada por la Ley 89-05.
En tanto, en el ámbito de la abogacía dijo que “el correcto ejercicio de la profesión debe garantizarse mediante normativas y sanciones claras, ejecutadas por un órgano disciplinario, independiente y sólido, que funcione en apego a las garantías del debido proceso y cuya primera instancia pertenezca al Colegio de Abogados”.
Castaños Guzmán recomendó que “una vez que se haya obtenido el título profesional de abogado y se haya completado el proceso de habilitación indicado, el futuro abogado podrá iniciar el trámite del exequátur por vía del Ministerio Público ante el órgano correspondiente del Poder Ejecutivo”.
Además, la Finjus simpatiza con la idea de un gremio fuerte, que promueva la actualización continua de los abogados, que se preocupe por su seguridad social y sea un supervisor estricto de la calidad y ética en el ejercicio profesional.
Recientemente la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) realizó un panel sobre el tema.
Basado en preparación teórica y práctica
“Entendemos que el título de derecho debe estar basado en una preparación teórica sólida, con un mínimo de horas y trabajos investigativos serios, y una carga académica práctica que garantice el ejercicio responsable de la profesión, todo lo cual debe ser regulado por el Ministerio de Educación Superior para su aplicación en los centros universitarios…”, dijo Castaños.
