Algunos aspectos del proyecto para transformar el BNV en Banco Dominicano de Desarrollo de las Exportaciones (Bandex) constituirían graves distorsiones institucionales y lesionarían el régimen jurídico y la estabilidad económica del país, de ser aprobados.La advertencia la hizo ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), luego de analizar la propuesta, sometida a la ponderación del Congreso Nacional. La institución aseguró a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, que “dado que el proyecto hace referencia a la aplicación de reglas derivadas de las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera (183-02), debería ser previamente conocido por la Junta Monetaria”.
Así, según el planteamiento de Castaños Guzmán, la Junta Monetaria (JM) puede ejercer su función de principal órgano del sistema financiero nacional, conforme establece el artículo 227 de la Constitución, cuando le atribuye ser el ente coordinador de las políticas monetarias, cambiarias y financieras de la nación. La transformación del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) ha sido valorada, reclamada y esperada por diversos sectores, tanto del ámbito público como privado. Y mucho más por quienes promueven las exportaciones (como el Centro de Exportación e Inversión, CEI-RD y la Junta Agroempresarial Dominicana) y realizan exportaciones. Una de las personas que se ha referido al tema recientemente es el administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura, quien dijo en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe -hace dos días- que apoya el proyecto en un100%.
Sin embargo, la Finjus advierte que “la transformación de una entidad como esta, amerita que la nueva estructura acoja las principales recomendaciones internacionales en materia de gobernabilidad de las empresas propiedad del Estado”. Y agrega que “como se observa en el proyecto, Bandex es creado como una sociedad anónima, por lo que entra dentro de las denominadas empresas de propiedad estatal”. En este caso, indica la Finjus, es recomendable que el proyecto observe recomendaciones como las previstas en los principios de gobiernos corporativos para empresas de propiedad estatal dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según Servio Tulio Castaños Guzmán, quien externó la posición de la finjus a través de un documento de prensa remitido a elCaribe vía correo electrónico, son numerosos los casos recientes que muestran que este tipo de empresas con regímenes de gobernabilidad no consistentes con las prácticas actuales, devienen con el tiempo en cargas insoportables para la estabilidad y desarrollo y -de paso- a todo el sistema económico en sentido general.
“La administración de este tipo de empresas debería, en concordancia con las recomendaciones internacionales, utilizar un esquema basado en una representación balanceada de intereses, de forma tal que se logren órganos de gobiernos técnicos, incluyendo miembros independientes que garanticen un equilibrio en la toma de decisiones”, apuntó el representante de la Finjus.
Y dejó claro que el proyecto de creación del Bandex obligaría a especializar fondos captados por empresas privadas para el desarrollo de las operaciones del Bandex. “El artículo 26 del proyecto propone disponer que toda compañía de seguros deberá invertir en el banco por lo menos el diez por ciento de sus reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso, y la proporción correspondiente a las reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso de cada año fiscal por sus pólizas.
La parte que tocaría a las AFP y a la Constitución
La Finjus advirtió que el proyecto sobre la transformación del BNV contiene una disposición que pretende establecer que toda administradora de fondos de pensiones deberá mantener depositado en el banco, por lo menos, el 10% de los fondos que administre, por cuenta de los trabajadores o cualquier otro concepto, en bonos, títulos, cédulas, cuotas partes, valores u otras obligaciones que emita el banco.
“Estas disposiciones, son evidentes violaciones a la Constitución y a la legislación especial en estas materias. Desde la óptica de las leyes especiales, estas disposiciones desconocen el criterio regulatorio de las mismas en tanto afectan partidas relevantes de las sociedades que operan en estos mercados, incidiendo incluso en la inestabilidad de estos mercados”, planteó la Finjus.
