La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC. (Finjus) dijo este lunes que le preocupa, de manera particular, la situación del Ministerio Público entorno a las precariedades que afectan a sus servidores.
“Hace unos dos años, nuestra atención estaba enfocada en legalizar una estrategia para consolidar la visión país que nos planteamos ser progresivamente hasta el año 2030. Ahora, con este importante documento nos toca evaluar la aplicación de dicha normativa en la práctica. Una de las disposiciones de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, resalta la comprensión del Estado de que nuestros servidores públicos, en específico los miembros del sistema de justicia, deben ser profesionalizados, fortalecidos e institucionalizados. Realidad, que debido fundamentalmente a la falta de asignación de los fondos, que de conformidad con la ley le corresponde a estas instituciones, no se ha podido concretizar”, explicó la entidad.
“Desde Finjus reconocemos los muchos avances normativos e institucionales de los servicios públicos en las últimas dos décadas. Sin embargo, nos parece importante resaltar una vez más, cómo nuestra inversión y desarrollo carece de un enfoque de desarrollo humano. El Ministerio Público es sólo uno de los casos en el que como Estado se aplica a nuestros funcionarios un desbalance entre responsabilidades y beneficios, apuntando a una especie de vocación desinteresada que no se adapta a las realidades de nuestro sistema económico”, indicó la entidad mediante un comunicado.
Dijo que uno de los casos más palpables de esta situación son los salarios y beneficios laborales de las diferentes escalas de procuradores. Citando algunas de las realidades, resalta a la vista que en la comparación entre cargos de igual nivel del Poder Judicial frente a los del Ministerio Público, estos últimos devengan en todos los casos entre un 20 a un 60 porciento menos que los primeros. Es decir que, mientras un juez de Ejecución de la Pena gana RD$115 mil, un procurador fiscal que es su homólogo en la escala de responsabilidad, devenga a penas RD$69 mil.
“De igual manera nos preocupa la falta de institucionalización de recursos básicos, como vehículos, dietas y combustible para esta importante área del sistema de justicia. Resulta escandaloso que nuestros procuradores cuenten apenas con un servicio básico de salud, que muchas veces no les permite acceso a servicios de calidad para ellos y sus familias. Así también nos impacta el hecho de que a pesar de la responsabilidad que muchas veces tienen estos funcionarios de combatir el crimen organizado, estos no cuentan con un servicio de seguridad personal”, agregó.
Resaltó que “desde Finjus entendemos que en orden de concretar la visión de Estado Social y Democrático de Derecho, con instituciones sólidas y un sistema de justicia eficaz y eficiente, debemos plantearnos qué conlleva ser funcionario público de carrera y los beneficios que deben provenir de ello. No podemos pretender contar con buenas instituciones y servicios mientras no garanticemos un marco de dignidad para nuestros funcionarios”.
En ese sentido, “de manera respetuosa solicitamos al Gobierno Central, tomar en cuenta al Ministerio Público y con ello a los demás actores del sistema de justicia, una vez le remita al Congreso Nacional la solicitud de presupuesto complementario”.
