Hace poco más de una década fue aprobada en el país la Ley 28-01, que crea la Zona Industrial de Desarrollo Fronterizo. Esta legislación tiene como objetivo incentivar la creación de nuevas empresas en las provincias cercanas a la frontera como forma de reactivar la actividad económica en esas deprimidas regiones del país.
Desde su creación a la fecha han surgido posiciones discrepantes entre sectores del empresariado tanto de la industria local, como de inversionistas extranjeros y de representantes de zonas francas.
Las razones surgen por el hecho de que se trata de una legislación que estaría creando competencia desleal, al facilitar a los inversionistas de la zona fronteriza exenciones impositivas que le permiten competir en condiciones ventajosas con los sectores productivos ubicados en otras áreas.
Pero entre argumentos discrepantes sobre la conveniencia o no de esta legislación, ya han pasado 11 años desde su puesta en vigencia en febrero de 2001. En más de una década no se ha podido determinar la cantidad de empresas -si es que las hay- que han quebrado o visto mermar sus ganancias por la existencia de esta legislación.
También ha llamado la atención, el hecho de que, aunque la legislación no es discriminatoria, y ofrece las mismas condiciones para todo empresario que desee invertir e instalarse en las provincias incluidas en las exenciones, son relativamente muy pocos los hombres y mujeres que han decidido arriesgar sus capitales para establecer compañías productivas en la deprimida zona.
Esta realidad indica que aún con los incentivos y las exenciones que pudiera ofrecer la Ley 28-01, todavía las provincias cercanas a la frontera son de muy bajo interés para los sectores productivos nacionales, muchos de los cuales critican su existencia, pero prefieren instalarse en las grandes ciudades y no llevar sus capitales a donde se necesitan tanto las oportunidades de nuevos empleos.
