La evidencia disponible de las últimas siete elecciones no apoya la idea de que en meses pre-electorales, los gobiernos, de manera sistemática, disparan el gasto e incrementan el déficit público. En los períodos en que así ha sucedido, el aumento se asocia más que nada a las vulnerabilidades propias de una economía que no termina de dar el salto al desarrollo y que continúa siendo muy frágil y vulnerable, en parte gracias a la indiferencia del poder económico y político.
Por ejemplo, en 2004 el gasto corriente creció significativamente porque, como resultado de la fuerte devaluación del peso, el pago de intereses de la deuda subió, al igual que las transferencias al sector eléctrico. En 2008 fueron los precios del petróleo los que obligaron a aumentar el subsidio eléctrico, y en 2010, a los altos precios del petróleo se sumó el crecimiento del costo de la deuda interna.
A pesar de eso, es conocido que el gasto público ha contribuido a financiar los gastos de campaña del partido de gobierno de turno, más allá de las aportaciones a los partidos consignadas en la ley. Pero, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cambiando la dirección del gasto? ¿Aumentando las inversiones a costa de otros gastos? ¿Gastando más en personal o servicios no personales como los de publicidad, o en materiales y suministros como combustibles?
Un análisis de las estadísticas agregadas de las finanzas públicas arroja lo siguiente: Primero, sólo en tres de las últimas siete elecciones, incluyendo las congresuales y municipales, la inversión pública durante el primer semestre del año subió de manera significativa con respecto al primer semestre del año anterior. Estos fueron en 2002, en 2008 y en 2010. En el primer semestre de 2002, la inversión púbica real (descontando la inflación) aumentó en un 77%, en el primer semestre de 2008 casi se duplica, y en 2010 más que se triplicó.
Nótese que en esos tres casos, el partido de gobierno tenía un indiscutible control del Estado, no así en el resto de los años de elecciones. La excepción es 2004 cuando, a pesar del control del gobierno y el Congreso, la inversión pública real se desplomó por el embate inflacionario. No hay manera de evitar pensar en los RD$40 mil millones en inversión pública que el presidente Leonel Fernández anunció en privado hace unos meses con el objetivo de ganar las elecciones. Es una repetición de la historia de la forma en que se maneja el presupuesto público cuando se tiene todo el poder.
Segundo, en ningún caso, el gasto real en nómina (servicios personales) aumentó de forma importante.
Tercero, en cuatro de las siete elecciones, el pago por servicios no personales se incrementó notablemente. Aunque en términos del presupuesto total, se trata de incrementos modestos, si lo comparamos con lo que serían los costos, por ejemplo, de la publicidad en campaña, serían números significativos. Esto puede explicar un importante financiamiento de campaña sin que descuadren las finanzas públicas.
Cuarto, en general, los pagos por materiales y suministros no se incrementaron de forma importante.
Lo anterior es una muestra de cuán elusivo y difícil es comprobar, con las estadísticas disponibles y a este nivel de agregación de los datos, cómo el gasto público termina financiando directamente las campañas electorales. Al final de cuentas, un vale para combustible, independientemente de si se usa para una caravana o para una ambulancia, sigue siendo un gasto en combustibles y las cuentas no dan para saber en qué efectivamente se usó.
Lo que efectivamente revela la evidencia es que cuando los partidos tienen todo el poder y se enfrentan a las elecciones, el apuntalamiento de la inversión pública ha sido su arma favorita. Esto no es sinónimo de gastos de campaña, pero es un excelente complemento. La concentración de la inversión en ese período revela con mucha claridad las intenciones y debería levantar dudas sobre la calidad de esa inversión.
El pago por servicios diversos podría ser otra forma de financiamiento del gasto electoral, pero el pago de personal no parece serlo. Finalmente, un área pendiente de auscultar es el gasto de los gobiernos municipales.
