Las autoridades gubernamentales acataron ayer oficialmente la sentencia 168-13 sobre derecho a la nacionalidad dominicana emitida por el Tribunal Constitucional (TC) y comenzaron a implementar los mandatos de la decisión que, un mes después de pronunciada, sigue siendo objeto de rechazo por varios sectores.
Tras más de tres horas de sesión en el Palacio Nacional, el Consejo Nacional de Migración otorgó un plazo de 30 días a la Junta Central Electoral (JCE) para que rinda un informe en el cual exprese el “impacto” de la sentencia del alto tribunal en relación a los extranjeros regulares o irregulares inscritos en el sistema registral. De igual forma, se resolvió que el Consejo se abocará a elaborar, en un plazo de 60 días, el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros. El fallo del Tribunal, emitido el 23 de septiembre, ordenaba que un periodo de 90 días se llevara a cabo esa tarea, que está pendiente de realizar desde el año 2004 cuando se promulgó la Ley 825 sobre Migración.
En la reunión, encabezada por el presidente Danilo Medina, también se decidió proceder en lo inmediato a la conformación del Instituto Nacional de Migración concebido en la misma ley y a la designación de su director ejecutivo.
Esas tres resoluciones están contenidas en un documento leído por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en un encuentro de cinco minutos con los medios de comunicación y en el cual no se permitió a los periodistas hacer preguntas a los funcionarios que asistieron a la conferencia y que tuvieron participación en la sesión del Consejo.
Si bien el Gobierno respeta el fallo, en la declaración oficial también reiteran que “paralelamente el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia”.
“Como ha expresado el presidente Danilo Medina por el fallo, aquí hay un problema humano que tenemos que resolver´”, señala.
Indica que, ante estas circunstancias, el Estado en su conjunto trabaja para encontrar una respuesta “coherente y humanitaria”. “Y para lograr ese objetivo, tras un proceso de consultas llevado a cabo por el Gobierno con los órganos correspondientes, fue convocado el Consejo Nacional de Migración para atender los aspectos de la decisión que corresponde a este Consejo”, agrega la declaración.
Aunque el Presidente anunció que realizaría ese proceso de diálogo sobre la sentencia, nunca se informó de la ejecución del mismo ni tampoco trascendió ninguna información sobre los resultados de ese proceso.
En el documento, el Consejo Nacional de Migración reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
Descendientes dicen que defenderán sus derechos “en cualquier terreno”
Ciudadanos descendientes de haitianos que residen en los bateyes del Sur, realizaron ayer una protesta en el Cruce de Vicente Noble, provincia de Barahona, en contra de la sentencia del Constitucional.
Los afectados expresaron su rechazo al fallo y advirtieron que defenderán sus derechos en cualquier terreno.
“Nosotros somos de aquí, tienen que reconocer nuestros derechos”, dijo Ligia Féliz, líder comunitaria de Batey 8, quien además, indicó que esa movilización, que contó con el respaldo de más de 400 personas, es la primera de varias acciones de esa índole que realizarán en toda la región.
Mientras se escenificaba la manifestación, los organizadores del piquete viajaron a la capital y entregaron a la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, una carta en la que solicitan al Congreso Nacional la “anulación de la sentencia 168/13”.
Los nacionales de ascendencia haitiana solitaron que se interponga primero lo justo antes de la ley, partiendo de la máxima de que cuando la razón y el derecho entran en contradicción, prima la razón antes que el derecho.
Pidieron “respetar y garantizar el derecho a la nacionalidad dominicana de los nacidos en el país, de ascendencia haitiana”. indicando que la Constitución del 2010 reconoce como dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
En el documento sostienen que el Estado es el responsable de que los hijos de estos migrantes hayan nacido en el país, ya que “el Gobierno dominicano, en sus contratos con el Gobierno haitiano, hizo el compromiso de regresar a los braceros por los puertos de Pedernales, Independencia, Elías Piña y Dajabón, terminada la zafra azucarera, sin que a dicho compromiso se le diera cumplimiento, por lo que la estadía del bracero, su establecimiento y enraizamiento en la República Dominicana se hizo bajo el amparo de un contrato que el Estado dominicano no cumplió, por lo que su inacción, asume la responsabilidad de la estadía de los contratados en el territorio”.
Los que organizaron la protesta fueron los directores de las organizaciones Casa del Caribe, Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), Fundación Zile y la Fundación Afrocimarrón, Manuel de Jesús Báez, Beneco Enecia, Julio Acosta y Darío Soriano, respectivamente.
Senado aprueba resolución
El Senado aprobó una resolución en la que extiende un voto de confianza y solidaridad al presidente Medina, por su posición ante la sentencia del Tribunal Constitucional. La iniciativa fue sometida por el senador de la provincia Barahona, Edis Mateo.
La pieza expresa la solidaridad al mandatario, frente al incidente promovido por activistas femeninas y delegadas a la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, durante el acto de apertura del evento, el pasado 15 de octubre. Indica la resolución que el incidente fue una intervención en los asuntos internos del país y un atentado contra la soberanía nacional.
Pro haitianos reiteran rechazo al fallo
Un grupo de al menos 30 personas protestaron ayer frente al Tribunal Constitucional en rechazo a la decisión 168-13 al cumplirse un mes de la emisión de la sentencia que sienta los criterios sobre la nacionalidad dominicana.
El Centro Bonó y otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas de ascendencia haitiana informaron que enviaron una comunicación a distintas embajadas en el país en la que expresan indignación ante la medida del tribunal.
Según denunciaron, Juliana Deguis Pierre, quien sometió el recurso de revisión en materia de amparo ante el TC y el cual dio lugar a la sentencia, es víctima de una actitud de hostilidad por parte de las autoridades de la JCE y la Dirección de Migración.
“Está siendo convocada al mismo tiempo por la Junta Central Electoral para demandar la nulidad de su acta de nacimiento y por la Dirección de Migración para entregarle un permiso de residencia temporal con lo que pretenden tratarla como extranjera en la tierra que la vio nacer”, establece un comunicado de prensa del grupo Dominicanos X Derechos.
La organización también denunció que “intrusos” se hacen pasar por representantes de agencias gubernamentales y de ONG y les ofrecen charlas sobre los beneficios de la sentencia 168-13. Entre las embajadas que visitó el grupo figuran las de Estados Unidos, España, Venezuela, Italia y Francia.
Ejecutivo
“El Gobierno reitera su compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y la independencia de los poderes públicos”.
Defensores
“El derecho a la nacionalidad no es un asunto migratorio, la solución no es el Plan de Regularización, sino la Constitución”.
Afectados
Pidieron la anulación del fallo y reconocer los derechos a la nacionalidad que tienen los descendientes de haitianos.
