Los dominicanos hemos sufrido la violencia de las drogas. Los problemas que traen en las familias, cuando un hijo cae en ese mundo, cómo mortifica y cómo tensiona las relaciones familiares. Hemos visto cómo impacta a los barrios, a las comunidades más sencillas cuando los muchachos se dejan seducir, y dramáticamente, cómo los grupos que operan ese criminal negocio se enfrentan entre sí por puntos, tumbes y todas las mañas propias de esa clase de actividad. También hemos visto cómo el sicariato se estableció en el país. El narcotráfico ha penetrado incluso las instituciones llamadas a perseguirlo y no hay que citar ejemplos, más bien sobran.
Pero los criminales del narcotráfico todavía no han llegado por vía de hecho a agredir a las autoridades judiciales. Nos hemos salvado de los dramas vividos por Colombia o México, y probablemente por las características muy propias del país no se habían atrevido a invadir con la amenaza o la violencia el fuero judicial. A lo más que han llegado es a pretender corromper jueces. A la sociedad todavía le alarman algunas sentencias complacientes que han favorecido a narcotraficantes.
Pero la violencia contra la justicia no ha sido parte del instrumental del crimen aquí. Tampoco pasará. De modo que repudiamos con todas las energías las amenazas contra la directora del departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Gisela Cueto. Ella misma lo ha denunciado. Ha dicho que ha recibido información de al menos tres fuentes, contrastadas, de que el señalado jefe del cartel del Cibao, Yván Miguel Tineo Paulino, contrató a sicarios para materializar su asesinato.
Demasiado grave como para que pase sin que nos demos cuenta. La magistrada debe ser protegida. El dato es un indicador de que aunque la violencia directa a manos del narcotráfico aparentemente ha disminuido, sus tentáculos siguen activos y constituyen una amenaza para la sociedad y en consecuencia, no se puede subestimar.
Hay que estar alerta.
