Mientras se acentúa la lucha contra la corrupción en muchos países, como estamos viendo en Brasil y España, en el nuestro el velo de impunidad que la cubre y protege se hace más denso e impenetrable. Ni la Casa Real española se escapa a la investigación y la justicia brasileña indaga la complicidad del expresidente Lula, por sobornos parlamentarios y financiación ilegal de campañas en el lejano 2005.
Como resultado de esa indagación la Corte Suprema de Brasil dictó condenas de cárcel contra 25 políticos y empresarios el año pasado.
La justicia investiga todavía las cuentas bancarias de un exjefe de seguridad del exmandatario brasileño en un esfuerzo por demostrar la complicidad de Lula en ese expediente, lo que podría enviarle también a prisión.
Los hechos por los cuales son investigados la hija y el yerno del rey Juan Carlos, lo mismo que el expresidente brasileño, son juegos de niños en comparación con los delitos y actuaciones pecaminosas que a diario se denuncian y cometen en este país, sin mover la acción de la justicia, protegiendo con ello a políticos tildados por la población como en extremos corruptos.
Gente que en el desempeño de funciones públicas han amasado en pocos años inmensas fortunas comparables o superiores a las que las familias más ricas del país acumularon en décadas de actividades lícitas lucrativas.
El expediente llevado a la Fiscalía del Distrito Nacional por el doctor Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández, obligaría al monarca español a abdicar y en ningún otro país, por lo menos en este hemisferio, un presidente en ejercicio se atrevería a incurrir en lo que en él se denuncia, sin que la Fiscalía mueva la acción que por ley está obligada a accionar.
Lo terrible es saber que lo mismo pasará con otros expedientes igualmente escandalosos, la querella en su contra será archivada, sin investigación alguna. l
