El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, informó que fue elaborado un informe que modifica alrededor de 70 artículos del Código Procesal Penal.
Asimismo advirtió que la normativa actualmente facilita a los jueces cometer actos corruptos en los procesos.
Aclaró que el artículo 226 del Código Procesal Penal presenta siete medidas de coerción y que cuando un juez toma cualquiera de esas no está violando la ley, porque está en su ámbito discrecional. “Pero un ámbito discrecional demasiado amplio para crímenes horrendos”, precisó.
Por lo que planteó que un juez no debería tener esa libertad de emitir otra medida que no sea la privativa de libertad del imputado, en determinados casos.
Entre las reformas a estudiar, está el aumento de dos a cinco años los casos que competerán ser conocidos por los tribunales unipersonales, para que haya una mayor amplitud en el conocimiento de estos temas.
Indicó también que la invasión a la propiedad pasará de ser un delito de acción privada a pública.
Sobre violencia de género, manifestó que no bastará con que una mujer retire la querella en contra de un hombre que ha incurrido en la violencia, para impedir que la acción pública continúe.
Martínez explicó que el plazo de apelación será ampliado a 20 días para que tanto el Ministerio Público como el acusado presenten sus conclusiones, porque hay quejas de que diez días es muy poco tiempo para presentar una serie de elementos.
Explicó que el plazo de investigación del Ministerio Público será elevado de seis meses a un año y la prisión preventiva tendrá la misma duración que tarda en concluir el proceso.
Asimismo anunció que ya la Comisión de Justicia discutió la reforma de los códigos Procesal Penal, el Penal y el del Menor, por lo que se está en proceso de revisión de estilo y ortográfica para presentarlo al hemiciclo.
