Informe de la OEA

La semana pasada salió publicado el informe que los observadores a las elecciones recién transcurridas hicieron sobre el proceso electoral.

La semana pasada salió publicado el informe que los observadores a las elecciones recién transcurridas hicieron sobre el proceso electoral.Hay que recordar que esta misión de observadores, encabezada por el expresidente Andrés Pastrana, vino al país por invitación de la Junta Central Electoral (JCE), mediante comunicación que dirigiera a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en fecha 25 de febrero del 2015.

Tan pronto se dio a conocer el informe, el mismo tuvo dos lecturas diferentes: la oposición declaró que el informe “confirma la fragilidad e irregularidades de las denuncias por la oposición y otros observadores nacionales e internacionales”.
El Gobierno rápidamente salió al frente a estas declaraciones diciendo que el informe “muestra claramente que se trató de un proceso democrático y cuyos resultados obedecieron a la voluntad popular”.

Empiezo por afirmar que en el nivel presidencial no hubo duda ninguna sobre los resultados. Incluso en encuestas de boca de urna, pagadas por un grupo de empresarios, los resultados a favor del Presidente Medina fueron superiores a los de la Junta Central Electoral, así como los de Luis Abinader algo menor.

Sin embargo, hay una serie de sugerencias de observadores calificados e imparciales que deben ser tomadas en cuenta, porque sin dudas en los niveles congresuales y municipales hubo quejas típicas no de este proceso electoral, sino también de otros anteriores.

La misión habla de fragilidades en el proceso electoral. Entendemos que unas se derivaron de lo complejo de las elecciones, que de nuevo se hicieron juntas en todos los niveles, lo que sin duda obliga pensar sobre lo atinado o no de esta decisión.

Atrasos en entrega de materiales y en las aperturas de mesas, obligó a una extensión de la hora de cierre, que no fue bien comunicada a todos los colegios electorales, evitando que algunos ciudadanos ejercieran su derecho al voto.
Una observación penosa es el proselitismo en los centros de votación, frente a las autoridades que conscientes de esta violación a las leyes, no tomaron las debidas acciones. Esto no es sólo ilegal, es peligroso, pues enfrenta a la militancia política en momentos de mucha efervescencia y tensión, permitiendo riesgos y pérdidas de vidas innecesarios.

El problema de los equipos electrónicos fue obvio. En la mesa que me tocó votar no funcionaron como sucedió en muchas otras y la renuncia el mismo día de las elecciones de cerca de tres mil técnicos, sin duda fue motivo para que muchos de los equipos quedaran sin funcionar.

Esta tecnología que en muchos países ha funcionado, posiblemente nosotros debemos repensarla. Aún tenemos muchos problemas de conectividad, áreas donde las señales de las diferentes compañías telefónicas no son la mejor, y zonas donde no hay electricidad por falta de redes o por problemas en el sistema.

Otra crítica recurrente de esta misión y de otras anteriores, es la desigualdad en el uso de los medios de comunicación. Aún cuando el Estado ponga al servicio sus medios de comunicación en partes iguales a los partidos políticos, siempre será desigual, ya que la mayoría de los medios están en manos privadas y la cantidad de horas se compran de acuerdo al bolsillo del partido o de los candidatos, lo que impide una justa participación en los medios escritos, radiales o televisados.

Algo que no me cansaré de recalcar es el gasto en las campañas políticas. En una actitud que no comprendo en los partidos políticos que se niegan a transparentar los gastos incurridos por ellos en el proceso electoral. Me pregunto ¿cómo es posible que los llamados a fiscalizarnos se nieguen a ser transparentes en los gastos que los contribuyentes pagamos con los impuestos?
Es el presidente de la Junta Central Electoral que dice “el sistema político se encamina al colapso si en el próximo proceso electoral el país no cuenta con una reforma que ponga limitaciones para que personas vinculadas a actos ilícitos o narcotráfico no sean candidatos a puestos electivos”.

Esto va muy de la mano con lo del financiamiento y los topes a los gastos. Guatemala acaba de suspender a un partido político porque se excedió en los gastos de campaña. Sin embargo, nosotros en un acto de insensatez, de burla a la pobreza de un país, gastamos sin límite, en una carrera a ver quién gasta más.

El informe debe ser asumido con madurez. Sin querer sacar provecho político ni de una parte ni de otra. Viendo más allá de la curva, para evitar que por ambición, por miopía, por competencia, no sólo nuestro sistema colapse, sino que a las posiciones electivas concurran no los que quieren servir a sus electores, sino aquellos que de una forma u otra se pueden dar el lujo de gastar millones comprando voluntades, torciendo conciencias, aprovechando la pobreza material y espiritual de algunos de los votantes.

Termino con un párrafo del informe que tiene una importancia y un mensaje fundamenta: “Luego de un profundo análisis del marco legal para estas elecciones y del trabajo de campo realizado por los expertos en materia de organización y tecnología electoral, participación equitativa de hombres y mujeres, financiamiento de campaña, acceso a los medios de comunicación, y justicia electoral, la Misión reitera de que se realice una reforma estructural profunda del marco legal que rige el proceso electoral”.

Este párrafo contiene el mensaje más poderoso de lo que debe ser la preocupación de todos; no sólo de los congresistas, que habiendo sido elegidos para legislar no tienen una carta blanca, siguen representando a sus electores, sean estos de la sociedad civil, empresarios, iglesias, sindicatos, todos los que ejercimos el deber de votar y que mantenemos el derecho a opinar, porque la patria es de todos y juntos debemos buscar las mejores soluciones.

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