Uno de los más serios problemas que arrastró la administración de Leonel Fernández durante sus ocho años fue la delincuencia en sus más diversas expresiones. No hubo manera de lidiar con ella. De hecho todos los programas fracasaron.
Ese fracaso fue percibido por la sociedad, que con razón fue enérgica en reclamar protección frente a los narcotraficantes y la violencia vinculante, y el accionar de todo tipo de criminales que pusieron en jaque a la autoridad.
En paralelo a los criminales de la sangre, se expandió el robo y el ataque incluso a infraestructuras públicas, como puentes y redes eléctricas. Se fue extendiendo la percepción de que las autoridades eran flojas. Presionadas por esa percepción recurrieron a “respuestas contundentes”, muchas veces con saldos trágicos.
Pero hemos visto que esos medios no solucionan nada. A lo sumo generan otra forma de violencia desde el poder, lo que estimula la sensación de inseguridad. De esa forma, se termina en un extremo en el que no se sabe a qué la gente le tema más, si a los criminales o a quienes están llamados a perseguirlos.
La administración que recién inicia recibe ese estado de deterioro de la confianza pública en los servicios de protección en las calles, en el comercio, en los parques, aún en los sitios de concurrencia (el asesinato de un joven en el mismo corazón de la ciudad, al abandonar un centro de diversión), y hasta en el entorno de las viviendas particulares. Nadie se siente seguro en ningún sitio.
En una palabra, que la seguridad ciudadana sigue siendo un problema, con el agravante de que asistimos a un punto que puede tornarse crítico.
El gobierno de Danilo Medina debe reaccionar rápidamente ante este problema.
Tiene que anunciar y poner en vigor el prometido plan anti crimen, que devuelva seguridad a la gente.
La seguridad no debe quedarse en una promesa de campaña. Es fundamental para la gobernabilidad. Y debe ser priorizada durante estos primeros cien días del nuevo gobierno. l
