Entre los múltiples desafíos que enfrenta el desarrollo sostenible de la República Dominicana, se destaca la escasa institucionalidad. El vacío institucional se manifiesta en la violación frecuente de las leyes, precisamente por quienes tienen el rol de hacerlas cumplir. Los efectos se expresan día a día en los servicios públicos inadecuados, en procesos burocráticos carentes de eficiencia, en el tránsito cada vez más caótico y en el nivel creciente de inseguridad que nos hace sentir secuestrados por la delincuencia, por solo citar algunos ámbitos.
La debilidad institucional provocada y sostenida por la corrupción, el clientelismo y la inconsistencia en las estrategias y en las políticas públicas, como todos los males estructurales, impacta cada sector de la vida nacional, generando la creciente pérdida de confianza, la impotencia y la multiplicación de las acciones violatorias, que suelen producirse cuando las normas no son funcionales.
La actitud indiferente, conformista, o francamente desesperanzada, con la que a menudo observamos cómo se nos identifica como uno de los países más desorganizados, donde “todo es posible”, o recibimos los diagnósticos que nos sitúan entre los primeros lugares en desigualdad y corrupción, representa un factor homeostático, que contribuye a normalizar estas condiciones, e impide que se produzcan cambios inaplazables.
Nuestro llamado se suma al de otros grupos y organizaciones, exigiendo que las autoridades cumplan su papel; no se trata de ejecutar acciones extraordinarias. Se trata de que quienes nos dirigen y nos representan asuman las funciones que decidieron y se comprometieron a desempeñar, asegurando el cumplimiento del marco legal que hemos acordado, de forma coherente, equitativa y sistemática. Se trata, en definitiva, de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, evitando que continúe el efecto corrosivo de las malas prácticas, que progresivamente va desvirtuando la institucionalidad del país y deteriorando nuestra calidad de vida.
Sin instituciones que funcionen, sin leyes que se cumplan, sin estructura que ordene la convivencia, resulta irrelevante hablar de desarrollo.
