Los ataques a la libertad de prensa se han intensificado en países centroamericanos, así como en México, Brasil, Argentina y Ecuador.
Mientras en países como México, Honduras y Brasil continúan los asesinatos y ataques a periodistas, en Ecuador y Argentina los gobiernos ponen trabas legales y económicas a los medios, especialmente a los que no responden a los intereses gubernamentales, según informes de la Sociedad Interamericana de Prensa durante la reunión del organismo en Puebla.
El caso más grave es el de México, a donde la SIP considera enviar una misión especial de estudio. En 12 años, hay 127 ataques registrados a periodistas mexicanos y la violencia no ha disminuido. La SIP teme que los pocos avances que se habían logrado al final de la administración del presidente Felipe Calderón queden en el olvido.
El vicepresidente de la SIP en México, Armando Castilla, mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto cuestionó el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas que se implementó en 2012.
Resaltó la desaparición de una periodista de San Luis Potosí, dos asesinatos -uno de ellos ya en la administración del presidente Peña Nieto- y los ataques a El Diario de Juárez, Canal 44 y el Siglo de Torreón, todos en los últimos seis meses.
Peña Nieto canceló su participación en la reunión de Puebla.
Honduras es uno de los países donde el ejercicio de la libertad de prensa se vuelve más peligroso. Con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, aunque no se registraron asesinatos a periodistas en el último semestre, otros 24 quedan en la impunidad.
“Ya no es necesario que los maten para censurarlos”, dijo Rodolfo Dumas, redactor del informe.
La violenta lucha entre bandas del narcotráfico y las pandillas conocidas como maras alcanza a los periodistas hondureños. Según Renato Álvarez, periodista hondureño que participó en uno de los paneles, los grupos hondureños del crimen organizado están relacionados con los cárteles mexicanos y colombianos.
Prensa en RD
El vicepresidente Regional para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, reveló en un informe la situación actual de la libertad de prensa en el país.
Miguel Franjul explicó que luego de una lucha en el plano legal, los medios de comunicación independientes y varias organizaciones de la sociedad civil lograron persuadir a la Cámara de Diputados a que desista de aprobar una legislación que introducía penas de hasta tres años de prisión para castigar los delitos de palabra que se cometieran en contra de la honra y la reputación del Presidente, ministros, los jueces, los legisladores y otros funcionarios del Estado.
