La delegación de la Junta Central Electoral que representó a esta institución en la mesa de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a este organismo no ponderar la solicitud de medidas cautelares a favor de 48 personas de ascendencia haitiana en razón de que en la República Dominicana se están conociendo procesos de revisión por ante el Tribunal Constitucional, cuyos resultados pudieran ser contradictorios a lo que pudieran ser recomendados por esa comisión.
La posición de la JCE fue explicada por la doctora Rosario Graciano de los Santos, miembro titular del pleno de esa entidad, debido a que ninguno de los reclamantes han sido turbados en sus derechos en República Dominicana ya que ejercieron su acción en Primer Grado, que lo están haciendo en Segundo Grado, pues estos casos están en manos del Tribunal Constitucional que dictará su sentencia.
Se trata de una solicitud de medida cautelar solicitada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizada por 48 personas hijas de padres haitianos, los que supuestamente están en peligro inminente de ser deportados hacia Haití y por que según sus argumentos no pueden recibir asistencia médica, ni educativa por no tener documentos de identidad.
“Estas personas ejercen el derecho al tránsito, a la educación, a la libre reunión; y como muestra están las manifestaciones que en estos momentos desarrollan, más bien protegidos y amparados en el derecho interno, y que acoger la solicitud de una medida cautelar innecesaria”, dijo Graciano de los Santos.
Afirmó que una medida de este tipo no aporta a la expresión libre y legítima de los reclamantes ni del Estado; sino que más bien obraría en contrario a lo que establece el artículo 46 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que para que una comunicación o petición presentada sea admitida, en virtud del artículo 44 de la referida convención, respecto a las actuaciones de esta comisión se requiere “que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, decidió solicitar el aporte de más evidencias y documentos que permitan a esta tomar una decisión al respecto.
La reunión fue presidida por los comisionados Rosa María Ortiz y Felipe González, en representación de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH)
La delegación de la JCE estuvo integrada, además de Graciano de los Santos, por los doctores Alexis Dicló Garabito, consultor jurídico y Juan Bautista Tavarez, director de Inspectoría.
El Estado dominicano delegó su representación en el embajador ante la OEA Roberto Saladín y Mayerlín Cordero, ministra consejera.
