Jueza fusiona expedientes en caso telefónicas

La jueza de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer fusionar dos medidas cautelares incoados por las compañías Claro y Viva contra la venta de Orange a Altice.

La jueza de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer fusionar dos medidas cautelares incoados por las compañías Claro y Viva contra la venta de Orange a Altice.Posteriormente la magistrada Delfina de León aplazó para el 21 de abril el conocimiento de la causa a fin de que las partes tomen conocimiento de los documentos depositados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y que Orange regularice su intervención voluntaria.

También fue aplazada para la misma fecha otra medida cautelar de la emrpesa Trilogy Dominicana (Viva), relativa a la compra de TRICOM por parte de Altice.  Viva fue representada por los abogados Juárez Castillo, Vinicio Castillo Semán, Claudia García y Cintia Coa. 

Afecta libre competencia

Los accionantes alegan que de hacer una fusión (TRICOM y Orange) vulnerando los parámetros de la ley se estaría perjudicando las demás empresas del sector.
Juárez Castillo dijo que tanto Claro como Viva han solicitado medidas cautelares para que le impongan a Indotel la entrega de todos  los documentos que fueron depositados con motivo de la transacción de Altice. Esto, indicó, para poder sustentar las objeciones que le permite el reglamento de libre y real competencia. “Indotel ha entregado una parte de los documentos pero los más importantes están dotados de confidencialidad, y tanto Claro como Viva, han pedido al Tribunal Administrativo que se le entreguen  estos datos“, dijo.

El mismo requerimiento está haciendo Viva, en el proceso comercial realizado entre TRICOM y Altice.

“Entendemos que la ley nuestra establece un reglamento específico que se tiene que aplicar a las operaciones de concentración de los medios de comunicación, aquí Altice ha aprobado una operación de concentración como si fueron dos operaciones y es una sola“, expresó Castillo. Entiende que la concentración de esta forma no debe ser, no porque sea impedido en forma radical, sino porque hay que cumplir con un procedimiento a fin de salvaguardar los derechos y la legal competencia.

“Las medidas de concentración el problema que tienen es que pueden generar distorsiones del mercado y agresión a los competidores“, aseguró.  En consecuencia, las empresas piden que se anulen las transacciones o que estas sean ajustadas a lo establecido en los reglamentos de libre competencia. Indicó, además, que ya presentaron una objeción ante Indotel por las operaciones y que les fue rechazada por lo que procederán a apelar ante el órgano correspondiente. Los accionantes sostienen que es una solo operación la de Altice y que no debió presentarse por separado.

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