La remoción en el sistema de justicia, la puesta en función de las altas cortes (Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral), las denuncias de supuesta corrupción en medio de un proceso electoral, donde hubo acusaciones en contra de legisladores y hasta de la entonces primera dama de la República, matizaron los procesos judiciales de este año. Los ataques no sólo vinieron de la oposición, las autoridades oficiales, también el gobierno haitiano acusó en campaña al jefe de seguridad del expresidente Hipólito Mejía, el abogado Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), de supuestamente organizar un complot para derrocar el gobierno del presidente haitiano Michel Martelly. Esta acusación terminó archivada por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
La misma decisión tomó el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, con la denuncia que hiciera el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, contra el expresidente Leonel Fernández, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, acusados de provocar el déficit fiscal que asciende a unos RD$187 mil millones.
Mientras que la querella interpuesta contra la hoy vicepresidenta del país por supuesto uso indebido de los recursos públicos, cuando dirigía el Despacho de la Primera Dama, también fue archivada por el titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla. Aún se mantiene en los tribunales la querella que la funcionaria sometió contra el comunicador Marcos Martínez, por difamación y falsificación de documentos.
En tanto, una de las tres objeciones al auto que archiva de manera definitiva denuncias contra el legislador por San Juan, Félix Bautista, se encuentra en estado de fallo. Por otro lado, el Procurador revocó el archivo provisional a favor del senador por La Altagracia, y solicitó prisión preventiva en su contra. Todas estas denuncias fueron interpuestas durante el período pre y postelectoral.
Narcos, banqueros y hackers
Las autoridades del Ministerio Público exhiben como logros durante 2012 las condenas de 30, 20, 15 y 10 años contra los sicarios al servicio del capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto (Junior Cápsula). Resaltan la sentencia de 30 años de cárcel contra Wascar Cavallo y Michael Valdez, dos de los acusados de asesinar al teniente coronel César Augusto Ubrí Boció, asistente del jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); los sometimientos (caso Indrhi y Semma) y, entre otras, el apresamiento al exdirector de Prisiones, Mario Acosta, acusado de tratar de beneficiar a cambio de sobornos al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino), con un cambio de recinto carcelario.
En el ámbito judicial se destaca la puesta en libertad de los exbanqueros Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza (caso Bancredito), a quienes se les declaró extinto el proceso por falta de acción penal y acusador privado. También, los condenados por formar parte de una red de lavado de activos al servicio de Figueroa Agosto, que consiguieron que la corte de Apelación del Distrito les redujera de 12 y 15 años a cinco y siete años las condenas.
Para sorpresa de muchos, Sobeida Félix Morel, pareja sentimental de Figueroa Agosto, ya solicitó su libertad condicional. Otro que se encuentra recluido en la cárcel de Najayo es el diputado Ramón Antonio Fernández, representante del opositor PRD por la provincia Santiago Rodríguez, quien fue condenado a un año de prisión suspendida por seis meses, por sustraer a una menor del dominio de sus padres hace varios años.
En tanto, con un nuevo procurador, el Ministerio Público ordenó la eliminación de privilegios que mantienen algunos reclusos del viejo modelo de gestión penitenciario y en varias oportunidades fue trasladado el Tribunal de Ejecución de la Pena de Santo Domingo al recinto de La Victoria, para realizar audiencias en las que se liberaron decenas de reclusos que habían cumplido pena.
Este año fueron sometidas por violencia de género más de siete mil denuncias, que incluyen agresores como funcionarios, exfuncionarios, artistas, peloteros, militares y políticos.
Al cierre del año se han levantado voces como la del embajador de Estados Unidos en el país, para que el sistema judicial dominicano continúe su proceso de reforma, mientras que en el Congreso Nacional se discuten modificaciones a los códigos Procesal Penal y Penal, así como aspectos relacionados a la reforma de la Policía Nacional.
Un año de trabajo en las altas cortes
El Tribunal Constitucional empezó sus labores el 16 de enero de este año. A pesar de la delicadeza de los temas que trata, el juzgado estuvo deambulando por dos universidades, y aún está ubicado provisionalmente en el edificio de Inespre, donde opera con precariedades.
Al igual que en materia constitucional, el país se acostumbra a tener un Tribunal Superior Electoral, frente a cuya sede ya se visualizó el primer enfrentamiento armado durante la ventilación de un proceso seguido a dirigentes del PRD.
Tras más de una década con el mismo presidente (Jorge Subero Isa), el rostro de la Suprema Corte cambió. Ahora, desde ese órgano, Mariano Germán Mejía enfrenta retos pendientes de resolver en la judicatura.
