En estos días se habla sobre la relación de los medios con la administración de justicia, sean los jueces o el Ministerio Público y cómo todos pueden jugar un papel cada vez mejor en favor de la sociedad.En realidad no debería existir ningún factor que impida o limite que los medios de comunicación contribuyan positivamente para que un poder del Estado como el Judicial cumpla con su obligación de fortalecer el clima de paz y seguridad, mediante la aplicación de las leyes de manera firme y justa.
La justicia debe administrarse en base a los principios consagrados en la Constitución, en las normas que establecen las leyes adjetivas vinculantes respecto a los procedimientos para cumplir cabalmente su misión y en la calidad humana de sus actores.
Todo eso está claramente establecido y las condiciones creadas para que las informaciones relativas al ejercicio de la justicia fluyan con la suficiente propiedad que amerita tan sensible materia. La oralidad y la contradicción, lo mismo que la publicidad en el proceso judicial están consignadas claramente y nada impide el acceso de los medios a los tribunales para que desempeñen bien su papel. El artículo 308 del Código Procesal Penal lo garantiza y el 309 incluso crea un régimen de garantías casi absoluto. Cualquier disminución de la calidad de los contenidos está asociada al ejercicio de la comunicación.
Ahora bien, es una lamentable realidad que algunos abogados pretenden ganar los procesos en los medios. El Ministerio Público tampoco escapa a esa tentación. Se justifica en el supuesto de las veleidades de algunos jueces o cuando se asume que la administración judicial es instrumentalizada por el poder político. En determinadas coyunturas históricas este último factor se ha tornado crítico.
Hoy no hay limitaciones ciertas para que los medios no desempeñen adecuadamente su papel en la transmisión de contenidos relacionados a la administración judicial.
Los peligros mayores los representan abogados temerarios, la falta de calidad con que en ocasiones actúa el Ministerio Público y la falta de integridad, la cobardía o la traición a los deberes de algunos jueces que no trabajan para que en el país impere la ley y por extensión la justicia como garante de la paz y la seguridad ciudadana.
