Justicia y Transparencia pide a la Amet ejecutar sentencia del TC

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), celebró este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al disponer mediante sentencia la prohibición de la práctica abusiva, ilegal, inconstitucional y violatoria&#823

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), celebró este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al disponer mediante sentencia la prohibición de la práctica abusiva, ilegal, inconstitucional y violatoria a los derechos fundamentales de los dominicanos perpetrada por la Autoridad Metropolitana del Transporte, (AMET), al apresar y retener a los choferes y vehículos arbitrariamente, además del cobro compulsivo de multas por presuntas violaciones a la Ley de Tránsito 241.

El presidente de la FJT, Trajano Potentini, advirtió a las autoridades de la AMET, que deben descontinuar esa práctica y cumplir en lo inmediato con la sentencia del TC.

» Incluso extensiva a los vehículos que tengan retenidos al día de hoy, puesto que de lo contrario se estarían arriesgando a ser demandados no solo como institución, sino también en la persona de su director por responsabilidad patrimonial», dijo a través de una nota de prensa.

Potentini afirmó que el Tribunal Constitucional con esta sentencia le da sentido al denominado Estado Social y Democrático de Derecho, previsto en el artículo 7 de la constitución, convirtiéndose esta jurisdicción en un verdadero guardián de la tutela y protección de los derechos fundamentales de los dominicanos.

La entidad de sociedad civil llamó también la atención del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito,  a los fines de que tome conocimiento y observe rigurosamente la sentencia del TC, en razón de que ellos venían apoyando y participando del accionar de la AMET, con la negación de una serie de servicios vitales para los dominicanos.

«Tales como ponerles trabas a la realización de ciertas diligencias personales, imponiéndole además a las personas medidas de coerción, cuyo ejercicio es propio de los tribunales, tales como impedimento de salida, imposibilitándoles a los ciudadanos ejercer su derecho al libre tránsito, como se ha dado en la práctica, al negarle a los ciudadanos por multas pendientes los derechos y servicios de obtener un pasaporte o un certificado de buena conducta», sostuvo.

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