Un conocido me comentaba que la semana pasada fue detenido en la Avenida George Washington por unos policías que asumían que buscaba pagar favores sexuales a prostitutas. En el caso particular se confirmó que la persona no tenía esa intención y finalmente lo dejaron ir. Sin embargo, la detención por el alegado motivo revive un proyecto de “control y vigilancia” que inició en el 2013 el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y que sin dudas no está sustentado en bases legales.
En afanes que lucen populistas parece que olvida el magistrado parte de las lecciones básicas de Derecho Penal donde enseñan que en República Dominicana no está castigada la prostitución, sino el proxenetismo, y por consiguiente, someter a la Justicia a quienes utilicen los servicios de las trabajadoras sexuales no tiene asidero en nuestra legislación.
No se apega al Derecho nuestro Procurador cuando ordena el apresamiento de hombres que pagan por sexo y pretende que los sometan como proxenetas, puesto que, para accionar en contra de alguien por la comisión de un delito deben configurarse los elementos constitutivos del mismo y de acuerdo al artículo 334 del Código Penal Dominicano lo fundamental para describir a un proxeneta es que sea una persona que reclute a otras con miras a la explotación sexual y reciba beneficios de ello, lo que nada tiene que ver con quienes acceden a la prostitución sólo como usuarios de los servicios ofrecidos.
Por otro lado, esto muestra un tipo de discriminación en función del nivel socioeconómico pues el proyecto es sólo dirigido a los que buscan prostitutas “de la calle”, excluyendo a los que contratan mujeres por teléfono, por catálogo, por las redes sociales y por otros mecanismos habitualmente usados por personas de mayor poder adquisitivo.
Si el tema es de interés para el magistrado, podría involucrarse en las discusiones de propuestas serias como el proyecto de ley para la creación de “zonas de tolerancia de la prostitución” que cursa en el Congreso Nacional. De todas maneras, complacer a diversos sectores o incluso complacer a la mayoría nunca puede ir en perjuicio del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Si un funcionario, como la cabeza del Ministerio Público, entiende que una ley es injusta o que no es suficiente para erradicar situaciones de hecho que traen problemas, entonces debería promover iniciativas para la modificación de la misma, pero inventarse prohibiciones y “legislar de facto” no debe ser jamás una alternativa.
