Los Gigantes del Cibao podrían estar ausentes del próximo torneo invernal. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras del doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. “Tú y yo podemos ser socios del Club Naco, por ejemplo, y nadie me obliga a jugar dominó contigo”, explicó Matos Berrido, un veterano con vasta experiencia como hombre de la justicia dominicana.
Una sentencia evacuada por la jueza Rosa Evelyn Fermín, suplente de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, ordena restituir los derechos de la compañía Nordeste Baseball Club como administradora de la franquicia Gigantes del Cibao.
Matos Berrido también negó que José Duarte Junquera sea el presidente del equipo, contrario a lo que se conocía públicamente. “El será presidente del Nordeste Baseball Club para otras cosas, para asuntos con la Liga Dominicana no lo es porque nunca se hizo una solicitud formal”, expuso.
elCaribe obtuvo una copia de la citada sentencia y entre las motivaciones aparece un argumento de Lidom que apunta que Duarte no fue presentado como presidente de equipo ante MLB, para que esta entidad lo investigara, como se estila de acuerdo al Acuerdo de Ligas Invernales.
“(Duarte) comenzó a venir con Laurentino Genao a las reuniones y estuvo como delegado. Aquí los equipos del interior mandan delegados a las reuniones de la Liga y estos hacen las mismas funciones que los presidentes”, apuntó el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol al emitir sus consideraciones sobre el caso que envuelve al equipo de San Francisco de Macorís.
Si el torneo se lleva a cabo con cinco equipos, la Lidom tendría que hacer diversas reestructuraciones en el calendario de partidos y un equipo se vería forzado al descanso.
Tras Lidom ceder el club, llegaron varios cambios
Alegando irregularidades, la Liga cedió recientemente la franquicia de los Gigantes a la familia Risek y estos cambiaron los colores del equipo y adoptaron el nombre de Indios del Cibao. La Liga tendrá cinco días para apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional, pero la ejecución de la sentencia es obligatoria, al menos que el tribunal frise el cumplimiento de la misma.
