El gobierno de Danilo Medina dio una muestra de sensibilidad cuando cerró el expediente de los pobres picadores de caña del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que reclamaban míseras pensiones por los servicios prestados durante años de trabajo.
Esas personas lograron la consumación de ese acto de justicia después de muchas marchas y piquetes que no debieron producirse porque el Estado debió reaccionar de inmediato. Era una deuda pendiente, que el CEA de los buenos tiempos contrajo con ellos. Se habían ganado de sobra el derecho a la pensión. Con los recursos que ayudaron a producir se acumularon muchas riquezas y los gobiernos sucesivos levantaron infraestructuras, y los dominicanos en general se beneficiaron de su trabajo. Pagarles de la forma en que se venía haciendo era una vergüenza. Son las cosas que nunca deben ocurrir.
El caso de esos obreros obliga a pensar en otras situaciones. La protección a que está obligado el Estado con sus ciudadanos en edad de retiro, o con los jóvenes que no encuentran colocación en el mercado laboral. Son los extremos de un problema social que aún no se alcanza a ver.
El país sigue viviendo los primeros años de un sistema de seguridad social que todavía no rebasa su período de implantación. El régimen laboral prevé una edad de retiro a los 62 años. Muchos jóvenes están en las filas de los desempleados que ronda el 18 por ciento de la población económicamente activa.
¿Qué va a pasar mañana, por más que pueda extenderse el período de retiro laboral? Quizás sea un tema fuera de época. Sin embargo, resulta oportuno plantearlo, porque si no se crean empleos formales, o se estimulan rápidamente las pequeñas empresas con vocación para regularse, estaríamos estimulando un drama con serias implicaciones sociales y humanas.
El cuadro de los trabajadores cañeros refresca una triste etapa de nuestra economía y representa un alerta a la economía y a la política de seguridad social de mañana.
