Defensores públicos denunciaron ayer que muchos de ellos tienen bajo su responsabilidad hasta 800 expedientes cada uno, situación que afecta su desenvolvimiento en la defensa que hacen a miles reclusos.En tal sentido, demandaron del Gobierno la preparación de más defensores de carreras, por tener una carga de trabajo sumamente excesiva, ya que, además de acudir a los juicios, deben realizar visitas carcelarias para conversar con sus defendidos.
Los miembros de la Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos de la República Dominicana expresaron que manejan más del 85% de expedientes del sistema judicial, por lo que advirtieron que el cualquier momento podría colapsar.
“Estamos hablando que cada defensor tiene 700 y 800 expedientes, lo que es imposible de sustentar. Diríamos que un defensor podría manejar con mucha calidad una carga de 200 expedientes”, manifestó Marisol García, en declaraciones dada a los periodistas en la parte frontal del Congreso Nacional.
Piden aumento
En los últimos días la sede del Congreso Nacional ha sido escenario de diferentes grupos que acuden para exigir mejores salarios, en momentos en que los legisladores se preparan para discutir el Presupuesto General del Estado del 2015.
Ayer le tocó a los defensores públicos, quienes acudieron para exigir un aumento de salario de más de 100%, ya que los RD$49,000 que ganan al mes resultan insuficientes para cubrir sus gastos.
Una comisión fue recibida por el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán, quien le prometió que sus reclamos serían llevados ante los legisladores que discuten el Presupuesto.
La presidenta de la Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos de la República Dominicana, Marcia Ángeles, sostuvo que el sueldo que recibe uno de sus miembros se ha convertido en una situación inmanejable para su existencia.
Tras ser recibida en la Cámara Baja, Ángeles explicó que solo existen 123 defensores públicos en todo el país, pero que hay 400 plazas vacantes, las cuales deben cubrirse para dar respuestas a las demandas de los reclusos que no tienen dinero para pagar los honorarios de un abogado.
