La frontera sigue siendo un territorio remoto. Sobre la misma, la generalidad de las personas tiene nociones muy vagas. Pese al desarrollo de la comunicación masiva y la expansión que ha permitido el Internet, el tratamiento que se les ha dado a sus pobladores ha dificultado no sólo el acceso a los servicios esenciales, sino al ejercicio mínimo del derecho a la comunicación. Por eso con frecuencia ocurren hechos que se conocen tardíamente o en forma fragmentaria.
El incidente con los trabajadores que construyen la nueva comunidad de Boca de Cachón es un ejemplo. Pero también pone de manifiesto una dramática realidad subyacente.
Los informes indican que el grueso de la fuerza laboral utilizada en las obras a cargo del gobierno o de contratistas, es predominantemente haitiana. Más de un 80 por ciento. En este caso, las autoridades estarían violando una normativa, lo que vendría a ser una reafirmación de una práctica común en las obras públicas.
El dato no tiene que alarmar a nadie. Es la explotación de una fuerza laboral más barata que impacta negativamente la oferta de la mano de obra criolla, sin ninguna regulación ni seguridad social. Eso es censurable.
Pero nada tan grave como lo siguiente: Boca de Cachón es una comunidad en crisis, que ha visto hundir bajo las aguas del lago Enriquillo su capacidad productiva de alimentos y riquezas. Se supone que la pobreza habitual se ha tornado extrema, lo mismo que la desocupación laboral.
Siendo así, lo normal es que el 80 por ciento, mínimo, de los trabajadores de la construcción de sus futuras viviendas, sean precisamente bocacachoneros. ¿Por qué son los grandes ausentes de esas obras? Eso sólo podrán decirlo con propiedad quienes están a cargo de ellas.
Quizás haya otro elemento que nadie se atreve a nombrar. ¿Que los nativos se resisten a realizar esos trabajos? ¿Qué causa provoca esa actitud? Nos negamos a creer que no les dieran la oportunidad. Un bisturí sobre el comején que corroe el alma nacional podría explicar este drama.
