Los últimos hechos delictivos, vinculados a prácticas de sicariato, ponen en evidencia el deterioro de la seguridad ciudadana en el país. A pesar de que las autoridades insisten en que mejoramos, basadas en datos sobre tasa de homicidio, la situación de la criminalidad es crítica. Los crecientes casos de robos y atracos, en los que no necesariamente pierden la vida las víctimas, no entran en las estadísticas mostradas. La generalización de asesinatos por encargo, la creciente delincuencia y el incremento del narcotráfico, ponen en evidencia que el país se encuentra estancado en la lucha contra la inseguridad pública.
Es necesario que se reconozca la magnitud del problema y evitar la conformidad que se genera debido a una interpretación limitada de las estadísticas, la cual no toma en cuenta la complejidad del fenómeno. Una vez consciente de que en materia de seguridad ciudadana aún no hay nada que celebrar, se debe evitar caer en la tentación de las respuestas fáciles, que no han significado solución alguna. La primera de estas respuestas es la de la mano dura. Como he señalado en otras ocasiones, cada año centenares de jóvenes son asesinados en supuestos intercambios de disparos, lo que se constituye en una clara violación de los derechos humanos fundamentales de las personas y al mismo tiempo, en una acción totalmente ineficiente en la lucha contra la criminalidad.
Un segundo error, es el de creer que de lo que se trata es de un problema legal y que las reformas al marco jurídico vigente permitirán avanzar en la lucha contra la delincuencia. No son pocos los sectores que echan la culpa de lo que está pasando al Código Procesal Penal y al Código Penal, ambos actualmente en el Congreso Nacional. Con relación al Código Penal, se plantea que incrementar las penas ayudará a disuadir a los delincuentes, para que abandonen sus actividades. Desconocen de esta manera que el mayor incentivo para delinquir, no es la “levedad” de las sanciones, sino la debilidad y corrupción de las instituciones judiciales, las cuales garantizan protección e impunidad.
Se conoce y valora la iniciativa que llevará a cabo el Gobierno, denominada Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (9-1-1) y la contribución que desde la misma se hará a la seguridad ciudadana. Sin embargo, esto no será suficiente. Se requiere de medidas integrales como el fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma del sistema judicial y policial, la mejora del sistema penitenciario, la implementación de políticas de prevención y avanzar hacia una sociedad de más oportunidades y de mayor equidad.
