Acuatro años de proclamarse la Constitución de 2010, aún quedan pendientes la aprobación de importantes herramientas legales que faciliten la adaptación de los poderes públicos al nuevo modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, asumido en la última reforma constitucional.
Pese a significativos avances, como la puesta en funcionamiento de las Altas Cortes, la escogencia del Defensor del Pueblo, la aprobación de las leyes Orgánicas de Administración Pública y de las Fuerzas Armadas; la de Protección de Datos de Carácter Personal, entre otras importantes normativas, todavía permanecen estancadas varias iniciativas legislativas que conectan a la ciudadanía con el Estado y que regulan el sistema de partidos.
Los expertos consultados por elCaribe coinciden en que el proceso de adecuación de la Carta Magna, con miras a fortalecer la institucionalidad y garantizar los derechos fundamentales en el país, ha experimentado altas y bajas.
Para el jurista, especialista en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, durante este tiempo se han dictado varias legislaciones que responden a mandatos constitucionales específicos, como es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la cual plasma el Estatuto de la justicia constitucional dominicana.
Considera que uno de los más grandes avances legislativos, promovidos a raíz de la última reforma, es la Ley 107-13, de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la que asegura viene a transformar la relación de la Administración Pública con los particulares, tan pronto entre en vigor.
De igual modo, valora la aprobación el año pasado de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal que, entre otras cosas, regula el ejercicio de la acción de hábeas data, como medio de garantía del derecho a la intimidad y autodeterminación informativa de las personas. Con igual importancia resalta las leyes Orgánicas del Ministerio Público y de Administración Pública.
“En definitiva, se evidencia un interés de adecuación legislativa a la Constitución, que a pesar de algunos rezagos ha tenido como resultado el dictado de normas de suma relevancia para garantizar la supremacía de la Constitución”, dice.
Asignaturas pendientes
Sin embargo, el jurista observa que el proceso de discusión de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que lleva catorce años estancada, ha sido extremadamente lento, “perpetrándose con esto la falta de transparencia, el clientelismo y las prácticas antidemocráticas conocidas en el ejercicio de la política partidaria nacional”.
Con este argumento coincide el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien achaca a los legisladores los retrasos de su aprobación.
“Evidentemente que ésta es la de las principales leyes que el legislador ha omitido y que no deja de ser una omisión constitucional”.
Precisamente, en la pasada Legislatura perimieron tres propuestas de ley de Partidos: Una de la Junta Central Electoral, otra de la autoría del presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez y otra del diputado reformista Máximo Castro Silverio.
Castaños también echa en falta la ley de Reforma Policial, contemplada en la Constitución de 2010, la cual establece sobre qué principios debe sustentarse el cuerpo del orden. Igualmente la figura del referéndum, el plebiscito y lo relativo a la Iniciativa Popular Legislativa.
Esta última figura consagrada en el artículo 97 de la Constitución pone en manos de la ciudadanía el poder de presentar proyectos de ley ante el Congreso.
“Esas son ya disposiciones que la Constitución estableció y que obligan al legislador a tenerlas que aprobar para que esas instituciones, por ejemplo la figura del referéndum, comiencen a funcionar.
Todo lo que tiene que ver con Iniciativa Popular Legislativa, eso requiere de una ley. Todas esas leyes están haciendo falta, y más aún, cuando ya el espíritu de esta Constitución no se limita al aspecto de la representación”.
En ese sentido, explica que anteriormente la responsabilidad de proponer iniciativas de ley y diseñar políticas públicas recaía únicamente sobre los legisladores y el presidente de la República y que con la nueva Constitución también es competencia de los ciudadanos. “Esos aspectos de que el ciudadano conecte con el Estado, ya desde el punto de vista institucional, están pendientes todavía”,
El país también adolece de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y una normativa que actualice y regule el proceso contencioso administrativo. l
“Hay que pasar de ser habitantes a ciudadanos”
Para el vicepresidente de Finjus, hace falta que los dominicanos tengan conciencia de las herramientas que les otorga la Carta Sustantiva y dejen de ser habitantes para transformarse en ciudadanos. “Muchas veces lo que hace falta es ciudadanía, yo creo que eso está haciendo falta en la República Dominicana. Porque muchas veces todo se lo dejamos a los políticos y yo creo que es importante que la ciudadanía participe y luche por todo eso”.
