A pesar de la existencia de una Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado No. 340-06, la cual fue una exigencia para la implementación del DR-CAFTA, así como de la creación de la Dirección General de Compras y Contrataciones que en sus últimos años ha hecho esfuerzos importantes por realizar adecuadamente sus funciones, lo cierto es que los gobiernos han seguido encontrando las vías para manejar las compras y contrataciones para beneficiar a su gente, mientras paradójicamente, a la vez, han creado un sistema complejo y burocratizado que complica y retrasa operaciones ordinarias.
Lo primero que se necesita para manejar las compras y contrataciones del Estado de manera correcta y eficiente, es erradicar la mala práctica de que las mismas existen para enriquecer a proveedores y contratistas que no son más que acólitos del gobierno que, al igual que antes de la existencia de la referida ley, siguen beneficiándose descaradamente de sus vinculaciones con el gobierno o de sus complicidades con los funcionarios de turno, a los que se les diseñan pliegos de licitaciones hechos a su medida.
Y es que las compras y contrataciones del Estado han carecido históricamente de racionalidad económica, porque salvo excepciones han estado orientadas a la búsqueda de comisiones y a beneficiar a seguidores políticos que se convierten en proveedores y contratistas de productos y servicios que no proveen, y a funcionarios de gobiernos que se han convertido en millonarios empresarios gracias a los contratos obtenidos con sus propios gobiernos, burlando las disposiciones de la ley 340-06.
Hemos creado un marco legal que no está asegurando las necesidades fundamentales en contrataciones: transparencia, idoneidad y efectividad calidad-costo, y por el contrario como el objetivo no es comprar o contratar al que realmente presente el mejor precio y garantice la mejor calidad o servicio, las licitaciones actuales pueden dar lugar, a través de sus amañados pliegos, a que los precios que se contraten a través de las mismas puedan ser superiores a los que saldrían de una simple negociación con los proveedores tradicionales del producto o servicio de que se trate.
Las comisiones de veedurías, que si bien son espacios importantes de empoderamiento ciudadano, por más responsabilidad y buena fe que tengan sus miembros, no pueden enderezar lo que nació torcido ni resolver la compleja raíz del problema que radica en la corrupción asociada a la mayoría de los procesos de compras y contrataciones del Estado, lo que seguirá siendo una muy lamentable realidad mientras la impunidad siga siendo la regla.
Por eso seguimos teniendo hoy los mismos escándalos de compras a sobreprecio para beneficiar a determinados personeros, unos que ocurren sin que nadie diga nada y otros que por su envergadura o por la coincidencia con la campaña electoral, salen a la luz pública poniendo en evidencia que no solo se manipulan las licitaciones, sino que se legalizan malas prácticas encarecedoras de los precios de bienes de primera necesidad, como es el caso de las subastas de bienes agrícolas y los permisos de importación con comisiones por quintales que representan sumas astronómicas a todas luces injustificadas.
Si queremos realmente cambiar el modelo poco transparente de compras y contrataciones públicas que tenemos, más que leyes, complicados procesos y comisiones de veeduría, lo que necesitamos es invertir la mala práctica que hace de las mismas el más grande negocio para los políticos en el poder, sus empresarios amigos y sus amigos convertidos en empresarios, sin que exista ninguna consecuencia.
