El Ministerio Público violó la sentencia que envía a las cárceles de La Victoria y Najayo Mujeres por un año, a los acusados del robo de 975 kilos de drogas durante un operativo realizado por miembros de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican).Hasta el momento, y alegando motivos de seguridad, los imputados guardan prisión en la cárcel de San Luis y Operaciones Especiales, en el caso del coronel Carlos Fernández Valerio (suspendido director del Dican). La situación fue confirmada por la Dirección de Prisiones. Los imputados piden ser llevados a Haras Nacionales y Operaciones Especiales.
Pero en su sentencia, la jueza Wendy Martínez, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, ordenó que los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, así como Fernández Valerio, el teniente coronel Félix Humberto Paulino López (director de Operaciones del Dican), el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Balbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro J. Almánzar González y Antolin de los Santos Zabala cumplieran la medida de coerción en La Victoria. La raso Raidirys Lironely García Miranda fue enviada a Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La jueza también fijó para el 17 de abril de este año la audiencia para la revisión de la medida.
En el caso del fiscal Díaz Ogando, su abogado Juhandy Durán Jiménez dijo que depositaron un recurso contra la ejecución de la sentencia. “Depositamos un recurso de amparo para que el magistrado Máximo Díaz no fuera trasladado, porque es un profesional que tiene siendo fiscal más de ocho años y ha estado ejerciendo en distintos puestos”, indicó.
“Nosotros pensamos que en la cárcel de La Victoria, una cárcel que está superpoblada y además que no hay seguridad, no se debe enviar al magistrado, porque se le debe de respetar su derecho a la vida”, refirió Durán Jiménez, quien reveló que con excepción de Fernández Valerio, quien está en Operaciones Especiales, todos los acusados están todavía en la referida cárcel.
Los abogados de los imputados aseguraron que apelarán la decisión, alegando que el Ministerio Público no ha depositado las pruebas que sustenten la acusación de que en el residencial Michel, del ensanche Isabelita II, Santo Domingo Este, se encontró droga. Pese a eso, la jueza Martínez Mejía asegura que el “hecho se produjo, puesto que han sido devueltos bienes cuantiosos producto de dicha operación”.
Otro reproche al Ministerio Público
Se ha criticado también que, debido a una tardanza del Ministerio Público en presentar acusación, el mayor Ruddy José Japa Álvarez, otro de los imputados en el caso, haya obtenido libertad pura y simple. Los fiscales habían pedido prisión preventiva, pero se vieron precisados a variar la petición por una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, luego de que su defensa presentara un incidente alegando que se había vencido el plazo que otorga la Constitución para presentar la acusación. Rigoberto Rosario, abogado del involucrado dijo que su defendido fue detenido el martes de la semana pasada después de las 6:00 de la tarde y la medida de coerción y la prisión preventiva fue solicitada el jueves después de vencer el plazo.
Subero Isa dice es el caso más escandaloso
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, calificó el caso Dican como el más escandaloso de la República y que se debe dar un ejemplo contra los implicados en este caso, para que no se pierda la confianza en la Justicia. Señaló que cuando fiscales y miembros de la Policía se convierten en “asociación de malhechores”, es una demostración de que hay un resquebrajamiento moral en la sociedad dominicana.
