Hace mucho tiempo que se habla de la reforma de la ley electoral 275-97 y de la aprobación de una ley de partidos. Ambas se asumen paralelas, pero podrían ir juntas. En cualquier caso, la práctica y la experiencia vividas desde hace tiempo, y crudamente en estos días, sugieren que ese tema no se postergue.
Los intereses de los partidos, y particularmente del que está en el poder, más la falta de inteligencia de los opositores, han imposibilitado que se implante una legislación en la dirección adecuada.
Ya pasadas las elecciones, los políticos concuerdan, incluso quienes están en el poder, en que el sistema no soporta la continuación del actual marco legal, por la falta de democracia en los partidos, como por la desigual competencia electoral.
La inequidad en la competencia es excesiva. Lo sabemos todos y lo reafirma la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe final sobre las elecciones pasadas.
Precisamente, la Misión sugiere que se “realice una reforma estructural profunda al marco legal…” y ofrece un menú que amerita atención. Tiene de nuevo que es ofertado por un órgano externo. Cae bien, porque gusta que desde fuera nos recomienden.
La OEA plantea lo que tanto se ha dicho aquí: Urgentemente diseñar una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo y se limiten las contribuciones del sector privado. Lo mismo sobre el acceso a los medios y una cuestión elemental: la selección de los diputados no debe arrastrar al senador. El senador debe ser votado de manera directa.
Podría ser aventurero plantear que los legisladores procedan de inmediato a estudiar la reforma de la ley electoral y reglamentar la actividad de los partidos. La jefatura gobernante puede generosamente crear las condiciones para materializar esa reforma, que además es un compromiso de cumplimiento postergado. Sería una muestra de abrirse a la oposición y bajar las tensiones y resentimientos pos electorales.
Mantener el sistema electoral inequitativo puede provocar consecuencias peligrosas en el ejercicio de la política y la gobernabilidad.
