Pasadas las elecciones, el país completo debería realizar una reflexión profunda que nos permita comenzar a corregir errores e iniciar acciones encaminadas a cambiar finalmente el rumbo de nuestro país.
En las últimas décadas hemos realizado múltiples reformas legislativas bajo la falsa creencia de que servirían de remedio a nuestros problemas.
Lamentablemente no solo no los hemos solucionado, sino que hemos creado una serie de distorsiones que podrían hacernos colegir que los remedios han sido peores que la enfermedad.
Intentando luchar contra la hegemonía de los partidos mayoritarios se instauró en el 1997 la contribución pública obligatoria a los partidos políticos.
Lamentablemente hemos creado una perversa situación, en la que los grandes partidos no solo disfrutan de la mayor parte del financiamiento público, sino que siguen recibiendo una financiación privada sin transparencia ni fiscalización, por lo que cada vez gastan más; mientras hemos creado una casta de partidos oportunistas que nada aportan a la democracia, ya que no actúan como partidos independientes con propuestas y ofertas propias, sino como mercaderes que venden sus insignias al mejor postor, que normalmente es el que detenta el poder.
En vez de aceptar que la máxima autoridad electoral del país debe ser apartidista para tomar sus decisiones con el mayor grado de imparcialidad, fuimos aumentando el número de jueces para perpetuar el concepto de la repartición de sus cargos entre los partidos. Por eso tenemos no sólo una JCE, sino también un poco útil Tribunal Superior Electoral, ambos compuestos de cinco miembros, pero controlados por un único partido, que además del alto costo que significan no son capaces de ejercer cabalmente su misión aunque a la misma se le haya dado rango constitucional, como aconteció con el mandato del párrafo IV del artículo 212 de la nueva Constitución que ordena a la JCE velar por la libertad, equidad y transparencia en el desarrollo de las campañas.
Asimismo, en vez de regular las campañas para acortarlas en el tiempo y limitar sus altísimos costos, preferimos despojarnos del derecho a pasar balance a las ejecutorias del gobierno de turno mediante la celebración de elecciones de medio término como se realiza en la mayoría de los países democráticos; so pretexto de que el país no podía vivir eternamente en campaña.
Hemos permitido como sociedad no solo que los partidos políticos hagan lo que quieran cuando están en el poder, sino también que acomoden nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestras leyes a sus intereses.
El mal de fondo de nuestro sistema político permeado de autoritarismo, reeleccionismo, corrupción, falta de transparencia, incumplimiento de la ley, entre otras cosas, no se resolverá con una modificación a la Ley Electoral ni por el voto de una ley de Partidos Políticos por buenas que estas sean. Requiere mucho más que eso, de una transformación cultural tanto del lado de los gobernantes como de los gobernados, para que los segundos hagamos entender a los primeros que no pueden seguir actuando como lo hacen y exijamos el impostergable cambio.
