Las naciones democráticas libran todavía una batalla contra los intentos de 57 países islámicos de imponerle a las Naciones Unidas una resolución que convertiría en un delito de difamación o blasfemia toda referencia o actitud que se considere ofensiva al Islam o a Mahoma.
Con ello se pretende validar las sentencias condenatorias impuestas en muchos países musulmanes contra ciudadanos acusados de difamar la religión, como fue el caso actual de la cristiana paquistaní, Asia Bibi, condenada a la horca por ofender al profeta. En Irán, otra mujer fue condenada a morir flagelada por adulterio, considerado un delito por el Islam, a pesar del repudio internacional y los reclamos de clemencia que los líderes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Papa elevaron al gobierno de Teherán.
Se recuerda el suplicio a que fue y sigue sometido el escritor inglés de origen indio, Salman Rushdie, sentenciado hace ya varios años por el líder de la revolución iraní, Ayatolá Jomeini, por la novela “Versos satánicos”, en la que se hacen algunas observaciones al Corán.
Y las reacciones de extrema violencia en casi todo el mundo musulmán por las viñetas publicadas por un diario danés sobre Mahoma, en una de las muestras más fanáticas e irracionales de intolerancia religiosa de los últimos años a nivel mundial. La oposición a este intento de la llamada Conferencia Islámica es enfrentada en el mundo occidental como una amenaza a la libertad de expresión, fundamento básico de la democracia, esfuerzo al que se han unido numerosas instituciones multilaterales y ONG de naciones en las que la libertad religiosa goza de todas las garantías. El Papa Benedicto XVI llegó a formular un llamamiento a favor de la puesta en libertad de la cristiana paquistaní acusada de ofender a Mahoma, de 45 años y madre de cinco hijos.
