Durante la discusión de la más reciente reforma constitucional diversos sectores propugnamos porque se fortaleciera el mecanismo de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, para que éste último dispusiera de las herramientas necesarias para ejercer su rol fiscalizador de sus ejecutorias.
Gracias a esto la Constitución vigente no se limita a disponer, como lo hacía la anterior, que el Presidente tendrá que depositar ante el Congreso Nacional el 27 de febrero de cada año un mensaje acompañado de las memorias de los secretarios de Estado, hoy ministros, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior; sino que dedica un capítulo a la rendición de cuentas al Congreso.
En efecto, el artículo 114 de nuestra Carta Magna describe con precisión la responsabilidad del Presidente de la República de rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado.
Resulta obvio que el discurso pronunciado por el Presidente el pasado 27 de febrero no cumplió con este mandato de la Constitución que él mismo impulsó y ha calificado como de “revolución democrática institucional”; revolución que sólo podría tener visos de realidad si los detentadores de los poderes del Estado cumplen fielmente con sus preceptos, así como los de todas las leyes.
Sin embargo, en los primeros dos años de vigencia de la nueva Constitución han abundado las denuncias de violaciones a sus preceptos por parte de nuestras autoridades y hasta han tenido que librarse batallas y suscribirse acuerdos para asegurar el respeto a algunas disposiciones tan importantes como la mayoría especial prevista para la aprobación o modificación de leyes orgánicas.
Nada se dijo en el discurso ante el Congreso Nacional sobre las proyecciones para este año 2012 y las prioridades del Gobierno; sin embargo, es un secreto a voces que este es un año difícil que impondrá grandes retos a quien gane las próximas elecciones presidenciales y que lamentablemente se anticipa que luego de una irresponsable expansión del gasto por motivos electorales, las autoridades vuelvan a querer buscar en los bolsillos de los ciudadanos los dineros que le hagan falta para cubrir los déficits que hubieran generado. Por eso las autoridades se resisten en la práctica a cumplir los mandatos legales que limitan su ejercicio del poder, como es el caso del artículo 114.
La verdadera madurez de nuestra democracia se hará realidad cuando todos seamos iguales ante la ley. Necesitamos que nuestro liderazgo político comprenda que debe rendir cuentas no solo porque lo manda la Constitución, sino porque es una obligación esencial de todo mandatario, que es lo que son aquellos a quienes investimos con nuestro voto del poder delegado. Mientras esto no suceda, de nada habrá valido la reforma constitucional.
