La sociedad descubre otra vez que los cimarrones conviven con los mansos en todos los ámbitos de la vida, y la política suele ser escenario habitual.
Ahora la piedra de escándalo lo constituye la participación abierta de un ciudadano que ha sido pedido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, como “líder” de un grupo de apoyo de uno de los candidatos presidenciales.
El hecho ha sido utilizado por los contrarios para insinuar que es práctica común de un determinado partido tolerar a delincuentes en sus filas. Se trata de una actitud oportunista, porque el caso no corrió demasiado cuando ahora circula una copia de un cheque, según el cual el hombre fue un contribuyente del otro partido.
El caso es sólo un reflejo de las prácticas de los partidos y cuán fácil la delincuencia penetra sus filas y convive en los diferentes estamentos sociales. Nada más hay que recordar con qué facilidad el capo boricua José Figueroa Agosto se inscribió en las tertulias de los mejores restaurantes del Distrito Nacional.
En fin, que en esa materia no todos pueden revisar las nóminas y quedar indemnes. El caso debe servir para que, si de verdad los partidos valoran la posibilidad de prevenir situaciones como ésta, recurran a procedimientos de control, durante una campaña electoral o ya en el ejercicio del poder.
Porque, a decir verdad, cómo puede un partido populista impedir que un vinculado, o incluso un militante asociado al crimen organizado, pase a sus filas, en tiempos en que la política es un negocio.
Cuando la política misma es un sistema de corrupción, donde para aspirar a un puesto en el Congreso o en un municipio, se requiere un furgón de papeletas.
Lo que vemos obliga a los partidos a modificar sus prácticas y retomar los principios de servicio social, muy lejos de pretender el poder sólo por el poder, en la búsqueda de enriquecimiento, a cualquier precio.
