Hace miles de años, aunque en esto hemos avanzado poco, al través de la fuerza el hombre se imponía a otros hombres. Y, precisamente, lo único capaz de contenerlo era ella misma, cuando le era impuesta.
Para la época la libertad natural le permitía todos los excesos a los que su valor, destreza o fortaleza le hacía merecedor. Todo por sí o los suyos.
No había frenos morales ni religiosos. Esta última aún no era una institución tan racional y terrenal como lo es hoy, más bien era la maravilla de la naturaleza quien trazaba las pautas de creencia.
En esto un hecho histórico cambió el curso de muchas cosas: la agricultura, con la cual se hizo sedentario. Y ese nuevo estado de cosas en donde estaba en contacto permanente con otros hombres dentro un mismo espacio, hizo necesario lograr acuerdos para garantizar la convivencia, la protección de todos y, huelga decirlo, la preeminencia de algunos.
Se buscaba seguridad y orden, se crearon instituciones de mando y control, con el acuerdo de todos –o de la mayoría-, se puso frenos al apetito desbocado de algunos y se creó el Derecho.
Es decir, la creación del Estado como instrumento de coerción y garantía de la supremacía de las “clases eminentes” –como gusta decir al maestro Alejandro Nieto-, fue a su vez una creación del Derecho, o de los derechos.
Entre estas leyes, necesarias para la “convivencia pacífica” o mantenimiento del incipiente status quo, están las penales, que –en el fondo- no son más que normas de exclusión y control social de los que menos pueden, tanto en sentido político como económico. Basta visitar un tribunal o cárcel para darse cuenta.
Estas normas describen conductas que se entienden nocivas y reprochables y, lógicamente, instituye las debidas sanciones por realizarlas. Por ejemplo: si alguien toma lo que no le pertenece es robo, y dependiendo de las características será la fortaleza o lenidad de la sanción, si procede. Pero resulta que el derecho penal, por más drástica o ejemplarizante que se pretenda sea la sanción, “no le toca un pelo al imputado”. Razón que hace necesario otra ley que establezca “cómo llevar el derecho penal a la realidad”.
Para eso la ley procesal y de aquí su íntima cercanía con la ley Penal: dos alas de un mismo pájaro, han dicho algunos, dos ciencias “interrelacionadas”, y hasta “totalmente independientes”, afirman otros.
Ahora bien, lo cierto es que el Derecho Procesal Penal es la vía por la cual tendrá que transitar el Derecho Penal para hacer realidad sus postulados. De ahí su necesidad.
