Es incontrovertible que uno de los elementos que más afecta el mundo de los negocios en el país es la viveza de algunos abogados que sonsacan a trabajadores para crear conflictos con sus patronos, con el propósito de obtener ganancias indebidas, mediante el uso perverso de la ley laboral, que no siempre es interpretada con sentido de equidad en algunas instancias judiciales, lo que tiende a debilitar la competitividad con los mercados de la región.
Pero esa situación no debe conducir a propiciar acciones orientadas a disminuir los derechos alcanzados, mediante una contrarreforma laboral. Un código laboral es un pacto mayor entre trabajadores y patronos, con la actuación de los poderes públicos, y si fuese necesario, con la mediación de instituciones de elevada aprobación social.
Una amplia discusión sobre una materia tan sensible requiere una coyuntura adecuada. No es comprensible que actores capitales, con calidad de mediación, insistan en poner en agenda un tema tan neurálgico.
Hay una realidad. Existe en la patronal una tendencia poco sensata que pretende imponer unas determinadas reglas sobre el mercado laboral, en el entendido de que el movimiento que lidera a los trabajadores es débil, al extremo de que las escasas reivindicaciones obtenidas suelen ser producto de la presión de la sociedad, más que de la acción de sus miembros. Esa visible debilidad se alimenta en una pobre calificación de la dirigencia gremial, sea a consecuencia de la decreciente militancia sindical o la permanencia de una burocracia dirigente, sin vocación de renovación.
En una democracia se requiere una organización gremial fuerte y responsable, en capacidad de representar a los trabajadores, asida a firmes principios, propensión al diálogo y con capacidad de convocatoria.
Al mismo tiempo, la patronal no puede vivir bajo un clima de inseguridad con la prevalencia de una red inescrupulosa de comerciantes del derecho que disminuye la competitividad de las empresas.
