La variable económica que más papel y tinta ha consumido en la prensa nacional en los últimos años ha sido el déficit fiscal, padre de la acumulación creciente de deuda pública que ha evidenciado el país. Aunque en la mayoría de los casos las noticias y análisis se refieren al déficit fiscal, es decir, al que resulta de las operaciones de ingresos y gastos del Gobierno Central, lo correcto es referirse al déficit del sector público consolidado. Este último incluye no sólo las operaciones del Gobierno Central, sino también las del resto del sector público no financiero y el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. ¿Porqué esto es lo correcto? Porque es el déficit del sector público consolidado el que determina el nivel de acumulación de deuda pública. Si hablásemos de la deuda del Gobierno Central, estaría bien referirse al déficit del Gobierno Central. Lo que no es correcto es tratar de explicar la dinámica de la deuda pública observando únicamente el déficit del Gobierno Central, pues este último solo explica una parte de su crecimiento.
Cuando se analiza el comportamiento y las magnitudes del déficit del sector público consolidado en los últimos años y nos adentramos en la observación de la estructura del mismo, descubrimos lo siguiente: en los últimos 7 años, el 80% del déficit del sector público consolidado se origina en el déficit del sector eléctrico (40%), el déficit cuasi-fiscal del Banco Central (25%) y el pago de los intereses de la recapitalización del Banco Central (15%). En otras palabras, las operaciones del Gobierno Central y el resto del sector público no financiero no eléctrico, apenas han representado el 20% del total del déficit del sector público consolidado.
Las tablas anexas muestran que durante el período 2008-2014, el déficit del sector público consolidado acumulado en el país ascenderá a RD$775,334 millones. De ese monto, RD$621,956 millones corresponden a la suma del déficit del sector eléctrico, el déficit cuasi-fiscal del Banco Central y el pago de los intereses para la recapitalización del Banco Central. El monto correspondiente al déficit del Gobierno Central y el resto del sector público no financiero no eléctrico es de RD$153,678 millones, arrojando un promedio anual de RD$21,954 millones.
Como porcentaje del PIB tenemos que durante el período 2008-2014, el déficit del sector público consolidado exhibe un promedio ponderado anual de 5.2%. A ese 5.2%, el déficit del sector eléctrico, el déficit cuasi-fiscal del Banco Central y el pago de los intereses de la recapitalización aportan 4.2% del PIB. El Gobierno Central y el resto del sector público no financiero no eléctrico apenas agregan 1.0% del PIB.
Visto lo anterior, debería quedar suficientemente claro lo siguiente. Primero, no ha sido el ejercicio fiscal, es decir, las operaciones de ingresos y gastos del Gobierno Central, el principal factor detrás del elevado déficit del sector público consolidado que se ha verificado en el país en los últimos 7 años, y por tanto, de la acumulación de deuda pública.
Segundo, en ausencia del déficit del sector eléctrico, del déficit cuasi-fiscal del Banco Central y de la obligación de recapitalización del Banco Central, el déficit del sector público consolidado en el país habría sido de 1% del PIB, un nivel que no se distancia mucho del exhibido por los países con mayores índices de responsabilidad fiscal en el mundo, en un período donde predominó la receta del impulso fiscal para evitar que la Gran Recesión que se inició con la caída de Lehman Brothers en el 2008, degenerara en una segunda Gran Depresión.
En el 2012, aunque el déficit del sector público consolidado fue de 8.1% del PIB, el déficit del Gobierno Central y el resto del sector público no financiero no eléctrico fue de 3.8%, un nivel relativamente elevado cuando se compara con los demás años, pero no exagerado cuando lo comparamos con los niveles registrados en Honduras, Costa Rica, Panamá y Venezuela en ese año. El mayor déficit del Gobierno Central y resto del sector público no financiero no eléctrico del 2012 se debió a un aumento de 3.1% del PIB en la inversión del Gobierno Central, incluyendo obras de infraestructura vial, transporte público y edificaciones de educación superior.
Tercero, el problema central de las finanzas públicas del país es originado por las operaciones del sector eléctrico y las del Banco Central.
Cuarto y quizás lo más grave de todo, es que mientras una buena parte del déficit del sector público consolidado que corresponde al Gobierno Central y al resto del sector público no financiero no eléctrico se debe a inversiones públicas en proyectos que impactan positivamente en la competitividad de nuestra economía y en el crecimiento económico, la parte que corresponde al sector eléctrico y al Banco Central es totalmente improductiva.
Este cuarto punto amerita que nos detengamos un momento. En el país, la palabra déficit fiscal tiene una connotación predominantemente negativa y en ocasiones, hasta pecaminosa. Un déficit fiscal que se origina en un gasto corriente para contratar entrenadores y profesores del exterior altamente calificados, con el objetivo capacitar a los maestros dominicanos y simultáneamente impartir docencia a los niños y niñas que asisten a nuestras escuelas públicas, no puede tildarse de negativo o pecaminoso; ese sería probablemente uno de los gastos corrientes que mayor impacto tendría en mejorar la calidad de la educación pública en el país, promoviendo la equidad distributiva, el crecimiento y el desarrollo económico de la nación. Asimismo, un déficit fiscal que se origina en un aumento en la inversión pública para construir, reconstruir y/o modernizar la infraestructura vial del país, entiéndase, autovías inter-provinciales, circunvalaciones, carreteras, puentes, corredores urbanos, pasos a desnivel, túneles, entre otros, tiene un impacto favorable en la competitividad de la economía, promoviendo el crecimiento y el aumento de las recaudaciones que permitirá honrar la deuda pública contraída para financiar el levantamiento de las obras de infraestructura vial. Asimismo, un aumento en el déficit fiscal que se origine por la decisión de un gobierno de invertir en plantas de generación de electricidad a menor costo, es un déficit que se puede justificar fácilmente si se tiene en cuenta la disminución que la entrada de plantas de generación más eficientes tendría en el déficit del sector eléctrico y, por tanto, en el déficit del sector público consolidado. Lo mismo sucedería con una inversión de recursos en el sector de distribución de electricidad para adquirir tecnologías que impidan el robo de la electricidad. Estoy seguro que Gary Becker, premio Nobel de Economía 1992, quien falleció el pasado mes de mayo, habría favorecido una inversión en un amplio centro penitenciario para acoger a todos aquellos, comenzando con dueños de empresas y grandes viviendas, que sean atrapados en el robo de la electricidad. Esa sería una inversión pública generadora de un déficit fiscal virtuoso, pues de seguro contribuiría a reducir el robo de la electricidad y por tanto, el déficit del sector eléctrico.
Finalmente, aunque no por eso menos importante, debería quedar claro lo siguiente: si no se enfrenta con responsabilidad el déficit del sector eléctrico y el del Banco Central, se requerirán superávit significativos en las operaciones del Gobierno Central para reducir el déficit del sector público consolidado a niveles compatibles con una trayectoria de sostenibilidad para la deuda pública.
Notemos que si el Gobierno Central operase en equilibrio en las cuentas que posibilitan el desempeño de sus funciones, el déficit del sector público consolidado seguiría superando el 4% del PIB. En un país donde la adicción a las exenciones tributarias es tan pronunciada, no parece posible, por el momento, la generación de superávit apreciables en las cuentas del Gobierno Central.
