Para muchos que vivimos de este lado del planeta es prácticamente imposible la existencia sin libertad. Sin embargo, en infinidad de ocasiones me he formulado la pregunta. ¿Están millones de latinoamericanos en condiciones de formularse el mismo planteamiento? Es una pregunta inquietante por cuanto la democracia es el más probado de los sistemas políticos y el único capaz de garantizar a la mayoría de la población sus más elementales derechos políticos y sociales.
Como la distribución del ingreso presenta escalas perturbadoras, una de las tareas más prioritarias debería consistir en procurar cierto grado de equidad social. Hemos insistido en que los niveles de distribución de la riqueza deben marchar parejos con los adelantos en materia de desarrollo político y fortalecimiento democrático. Años de fracasos en el campo de la acción económica y social han contribuido a profundizar las diferencias abismales entre minorías privilegiadas y mayorías postergadas. Sólo si se superan los niveles heredados de miseria e indigencia en esos estratos mayoritarios de la población, se evitará la amenaza de un caos social.
Está claro, sin embargo, que las acciones y políticas oficiales que tratan de atacar el problema, sólo consiguen agravarlo. No puede pretenderse que en base a caridad pública los gobiernos puedan subsanar el sufrimiento de la población. Una canasta en Navidad y un par de juguetes en la fiesta de Reyes no aligeran la carga de dificultades de los grupos indigentes y en cambio propician una humillante dependencia de la acción estatal. El clientelismo ha sido uno de los vicios más dañinos en nuestro ambiente.
Pudiera parecer una letanía. Pero el tema de la pobreza, que hoy domina el debate, se plantea desde una perspectiva mucho más pobre todavía. Y como marchan las cosas no hay señales de que mañana será distinto. l
