La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, informó ayer que investigan 40 nuevos casos de alegada corrupción.Guerrero Pelletier dijo durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), que tienen 20 casos de alegados actos de corrupción y lavado de activos cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos pendientes de decisión judicial y que han dado prioridad a la continuidad en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción.
Enumeró dentro de los casos pendientes de decisión en los tribunales, el del Ayuntamiento de La Romana, donde por primera vez se obtiene arresto de un síndico activo y posteriormente su suspensión, ya que actualmente está en prisión; Junta Distrital de Cabarete, Puerto Plata, con la suspensión del síndico activo con medida de coerción de una garantía económica de cinco millones de pesos.
También, el de Bienes Nacionales con funcionarios de alto rango compelidos a renunciar del cargo, proceso llevado hasta última instancia al Tribunal Constitucional; el del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el síndico activo que obtuvo medida de coerción consistente en garantía económica de RD$5 millones, la cual fue recurrida por la Pepca.
Los casos del Ayuntamiento de San Cristóbal con una solicitud de prisión preventiva y declinatoria del caso hacia el Distrito Nacional por cuestiones de seguridad pública, el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la Liga Municipal Dominicana, que involucran a altos funcionarios.
“La lucha contra este flagelo social, político y económico, junto a temas como el buen gobierno, la promoción de la democracia, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos debe ser tema prioritario de nuestras respectivas agendas”, manifestó la funcionaria al pronunciar la conferencia “Eficacia de la lucha anticorrupción como instrumento para generar desarrollo económico”, en el almuerzo.
Destacó que la entidad enfoca sus acciones en dos proyectos de ley sobre protección de denunciantes de actos de corrupción y de extinción de dominios o decomiso civil de bienes ilícitos.
Explicó que esos proyectos permitirán la defensa legal de testigos y peritos de actos de corrupción, y el otro facilitará la incautación o confiscación de bienes de una manera ágil, autónoma, distinta e independiente de cualquier otra acción penal, civil o administrativa, para aquellas personas que no puedan probar el origen de su fortuna.
Buscan fortalecer la lucha anticorrupción
La directora de la Pepca explicó que realizan acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, Superintendencias de Bancos y Seguros, Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para canalizar la información en la detección, investigación y persecución de los hechos de corrupción en la administración pública.
