Tras el “secuestro” del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez, y el asesinato de William de Jesús Checo Batista y Cecilio Díaz, dos de sus presuntos raptores, en torno al caso persisten más interrogantes que respuestas.
¿Por qué asesinar a dos personas capturadas vivas?, ¿pudieron haber tenido los dos presuntos secuestradores alguna información que afectara fuertes intereses?, ¿cómo es que después de 23 días en cautiverio el joven Baldera se escapa utilizando “un palito” para zafarse de unas esposas?, ¿qué movió a la entonces fiscal del Montecristi a archivar el caso?, son algunas de las preguntas que se mantienen en la mente de las personas que siguieron los acontecimientos relativos a este incidente que inició el 18 de septiembre de 2009 en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
A las 9:00 de la noche del citado día, Pedro Baldera Germán, tío de Eduardo, notificó a la Policía que su sobrino había sido raptado por tres personas no identificadas momentos en que compartía en la casa de su novia Rosalba Paniagua. Media hora después Paniagua Polanco fue abandonada en el municipio Pimentel, de San Francisco de Macorís.
Posteriormente identificó a dos detenidos por la Policía, Carlos Paulino Lachapelle y Yeufri Valentín, como involucrados en el caso.
Otras personas también fueron apresadas y procesadas por existir indicios de que secuestraron a Baldera Gómez y pedían RD$5 millones para liberarlo, pero fueron beneficiados con un auto de no ha lugar en un Juzgado de Instrucción. Al final solo fue enviado a juicio de fondo Yeufri Valentín. Según informó, Pedro Baldera Germán, este último imputado fue descargado por extinción de la acción penal, es decir, vencimiento del plazo de la duración del proceso.
Como abogado, Baldera Germán entiende que el aniquilamiento de Cecilio Díaz y Batista, fue para cubrir a quienes estaban detrás del secuestro.
Sobre las muertes
El 10 de octubre de 2009, moradores de la sección de Sabana Cruz, Villa Vásquez, apresaron a William De Jesús Batista de 58 años por tener una actitud sospechosa, y lo entregaron al alcalde Pedáneo de la comunidad, quien junto a otros comunitarios a su vez lo refirió sano y salvo a la Policía de Villa Vásquez.
La versión policial da cuenta de que el entonces teniente coronel Alberto Trejo Pérez se entró en las montañas con el detenido en busca de los demás prófugos y al llegar al área donde supuestamente estaban, en horas de la noche, los agentes fueron confrontados a tiros, resultando herido el segundo teniente Catalino de Jesús y muerto Cecilio Díaz en un “intercambio de disparos”.
Curiosamente, los policías no dieron partida a las autoridades locales sobre lo ocurrido, procediendo a levantar ellos mismos la escena del crimen.
Sin embargo, la comisión designada para estudiar el incidente, encabezada por el procurador adjunto, Ramón Aristides Madera, determinó que el día 10 de octubre de 2009, Cecilio Díaz fue entregado vivo por la comunidad Los Conucos, Villa Vásquez a miembros de la Marina de Guerra.
El informe preparado por la comisión recomendó someter a la justicia al entonces teniente coronel Alberto Trejo Pérez, Mayor Jesús Rafael Tejada Tejada, segundo teniente José Luis Peralta Valentín, segundo reniente Catalino de Jesús Pérez, mayor Franklin E. Santana Martínez y alférez de navío Ramirito Dome Nina, lo que fue acogido y presentada formal acusación contra ellos.
Concluyó además de que sean sancionados administrativamente el sargento mayor Víctor Manuel Félix, el sargento de la marina de guerra Edgar López López, y el marinero Javier José Heredia.
Casi a cinco meses después de entregar un informe, el teniente coronel Trejo Pérez recibió el ascenso a coronel.
Fiscal dice que hay pruebas suficientes
Después de muchas pesquisas, escándalos, contradicciones testimoniales, inconsistencia de pruebas, y un informe que claramente exponía que los agentes del orden acribillaron a los dos supuestos secuestradores, la fiscalía de Montecristi, encabezada por Clara Jacqueline Zapata, quien por demás había participado en la investigación, en agosto de 2010 archivó de manera provisional el expediente alegando que no había pruebas suficientes para sustentar una acusación contra los señalados en el caso.
Tras dar la información, la magistrada titular de Montecristi, Yoanna Ysabel Bejarán, indicó que tienen un proceso fuerte, y solicitarán 30 años contra los acusados, y no se descarta someter a otros.
